Más de 20 empresas mineras demandaron al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
El motivo de esta denuncia, explicó Arturo Aza, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, es el “aporte por regulación”, que es un pago que se hace al OEFA, que equivale a un porcentaje de sus ventas.
Hace unas semanas, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló que el organismo es fiscalizador “y, por ende, solo cabe que cobre por el servicio que brinda, es decir, el de supervisar y fiscalizar”.
Además, consideró que el cobro es confiscatorio y el monto que se recauda excede largamente el costo del servicio brindado.
Por su parte, Domingo Rivarola, socio del Estudio Payet, Rey, Cauvi, manifestó que también hay empresas que demandan al OEFA porque impone multas excesivas.
“Supongamos que las multas van entre 100 y 1,000 UIT, ellos te ponen la más alta en casi todos los casos”, aseguró.
PRECEDENTE
Para Rivarola, el hecho de que, a través del último paquete de medidas aprobado por el Congreso , se indique que por tres años las sanciones del OEFA no serán superiores al 50% de la multa que correspondía aplicar constituye un precedente de que esta penalidad era elevada.
Al respecto, Arturo Aza manifestó que, en la víspera, el organismo fiscalizador emitió unas normas reglamentarias que “transgreden las medidas dadas por el Ejecutivo” y es que se señala que existen casos en los que no se aplicará la restricción del 50%.
El aporte por regulación es una alícuota que se aplica desde principios de este año y mediante el cual el OEFA espera generar S/.42 millones.
La SNMPE recordó que las leyes permiten que las empresas que se sienten afectadas tienen derecho a acudir a instancias judiciales o el Tribunal Constitucional.
El organismo fiscalizador ha señalado que el paquete de medidas no afectará su fiscalización.
El caso del OEFA y el Aporte por Regulación que pretende aplicar a las empresas mineras es anticonstitucional por ser confiscatorio. Me explico:
El Aporte por Regulación (APR), como su nombre lo indica y lo establece la ley, es aplicable en favor de las Empresas REGULADORAS (ER) de las Empresas Privadas de Servicios Públicos (EPSP). El APR es un tributo.
Las ER, en su función reguladora, fijan las tarifas de las EPSP. Por este concepto y por el control que tales reguladoras ejercen sobre las EPSP, perciben el APR pagado por las EPSP.
EL OEFA no es Empresa Reguladora ni fija tarifas de servicio público, en consecuencia no tiene por qué recibir el APR ni una fracción de él.
Las empresas mineras no son EPSP, no están sujetas a ER alguna, ni sus ingresos resultan de una regulación o fijación de tarifas, sino de su producción y del precio internacional de los metales que produce. En consecuencia no están sujetas al APR ni a una fracción del mismo.
El OEFA según el dispositivo de su creación: fiscaliza, supervisa y, en su caso, sanciona en materia ambiental a las empresas mineras. Esto es un servicio. No una regulación ni fijación de tarifa.
Por tanto le corresponde percibir un arancel en contraprestación justa por tal servicio.
La pretensión del OEFA y las leyes que la establecen y “confirman y reconfirman” atentan contra el Artículo 74° de la Constitución del Perú: “Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio”.
En mi opinión estas diversas leyes que “confirman y reconfirman” tal pretensión sugieren un intenso lobby OENgeista. Las leyes presupuestarias que “reconfirman” tal pretensión atentan también contra el mismo artículo de la Constitución: No pueden contener normas sobre materia tributaria.