Mayoría de candidatos a la presidencia está a favor de fiscalizar los estudios ambientales

Una de las preguntas del cuestionario que envió Larepublica.pe a los candidatos presidenciales fue la siguiente: ¿Se debe fiscalizar los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos mineros? Catorce de los diecisiete aspirantes a la primera magistratura del país respondieron afirmativamente, pero tres de ellos simplemente no se manifestaron.

Alejandro Toledo, de Perú Posible, consideró importante que los estudios ambientales sean revisados minuciosamente y que además estos cumplan con estándares internacionales para asegurar el cuidado del medio ambiente y de las comunidades.

En esta misma línea, Fernando Olivera, del Frente Esperanza, dijo que el Estado debe incluir indicadores con estándares internacionales como un factor de los EIA.

Otro de los candidatos que defendió la fiscalización de los estudios de impacto ambiental de proyectos mineros fue Julio Guzmán, de Todos por el Perú. El postulante que va segundo en las intenciones de voto del electorado precisó que el Estado no solo debe velar por que la aprobación de los estudios de impacto ambiental esté de acuerdo a los estándares que pretende implantar, sino también es esencial hacerle un seguimiento.

Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza, se pronunció por la derogación de los paquetazos ambientales “que perdonaron millones de soles en multas por daños ambientales”.

En tanto, Yehude Simon, del Partido Humanista, se remitió a los acuerdos y convenios internacionales asumidos por el Perú, los cuales deben ser honrados. Agregó que no puede hacerse ninguna obra de importancia que afecte el medio ambiente si es que no se realizan los estudios respectivos.

En cuanto a Fuerza Popular, que representa Keiko Fujimori, en su plan de gobierno ofrece garantizar el cumplimiento del análisis del impacto ambiental de las actividades extractivas en cualquiera de las etapas del proyecto, de manera que exista una sana convivencia con la comunidad.

El representante de Solidaridad Nacional, Fernando “Nano” Guerra, fue más allá. Sostuvo que cuando se empodere a las comunidades nativas y campesinas, serán ellas las que podrán revisar los contratos. “El estudio de impacto ambiental reunido solamente en las manos del Estado no creo que sea eficiente”, opinó.

Mientras que Vladimir Cerrón, de Perú Libertario, señaló que es obligación del Estado peruano, en los niveles nacional, regional y local, elaborar sus EIA atendiendo a la zonificación ecológica y económica.

Pedro Pablo Kuczynski respondió en forma afirmativa a la pregunta formulada por el  diario La República. Lo hizo a través de su candidato a la primera vicepresidencia, Martín Vizcarra.

El candidato del Partido Nacionalista Peruano, Daniel Urresti, también manifestó estar de acuerdo con la fiscalización del estudio ambiental; sin embargo, en su plan de gobierno el tema no es abordado con profundidad.

Ántero Flores-Aráoz fue puntual. “Lo que tiene que haber es una fiscalización de los estudios de impacto ambiental”, subrayó.

En tanto que Alfredo Barnechea, de Acción Popular, estimó que hay que continuar con la implementación del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (Senace). En su plan de gobierno se indica la creación de la ventanilla única para la aprobación de los EIA de todos los sectores productivos, con especial atención a las actividades extractivas.

El candidato shipibo-konibo Miguel Hilario, de Progresando Perú, es otro de los que han considerado necesario fiscalizar los estudios ambientales. El representante de los indígenas amazónicos también propone cambios legislativos para que las comunidades sean accionistas en las inversiones mineras y de hidrocarburos.

Por su lado, Francisco Diez Canseco, candidato de Perú Nación, anotó que los EIA deben ser debidamente fiscalizados para que sean incuestionables. Pero, además, dijo que se debe fortalecer el diálogo desde un criterio técnico y menos político.

Los candidatos que decidieron no contestar el cuestionario que se les envió fueron César Acuña, Alan García y Gregorio Santos.

El ex viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra señaló que el estudio de impacto ambiental es una herramienta clave debido a su carácter preventivo.

“El objetivo central es que no se produzcan daños ambientales, y para que este objetivo se cumpla es evidente que hay que fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los estudios”, comentó.

Refirió que en la actualidad se exige, dependiendo del sector, que su aplicación sea tanto en la etapa de exploración como en la de explotación, aunque precisó que en algunos casos la legislación vigente establece que esos EIA tienen un nivel de exigencia menor. A esa evaluación de estudio ambiental con menor exigencia se le llama Declaración de Impacto Ambiental.

Iván Lanegra aludió a los derrames de petróleo por rotura del Oleoducto Norperuano que se han producido en las últimas semanas en Amazonas y Loreto como ejemplos del impacto de una operación que se inició en los años setenta, cuando no existía el estudio de impacto ambiental. Recordó que este instrumento preventivo se introduce en los años noventa para evitar que ocurran hechos semejantes.

“El objetivo de un estudio ambiental no es atender derrames, es evitar que se produzcan y tomar todas las medidas para que los proyectos mineros y petroleros corrijan y eliminen posibles riesgos que podrían originar daños ambientales”, apuntó.

El ex viceministro de Interculturalidad consideró que el gobierno ha realizado dos reformas de gran importancia respecto al tratamiento ambiental. La primera es la creación del Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales para las Inversiones Sostenibles (Senace), adscrita al Ministerio del Ambiente.

Esta entidad se encargará de hacer la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de gran escala en el sector energético y minero.

La segunda reforma que resaltó Iván Lanegra tiene que ver con la creación de la Certificación Ambiental Global. Se trata de una evaluación de impacto ambiental que busca incorporar en un solo procedimiento varias autorizaciones, esto con el fin de tener una visión de conjunto de la evaluación. Estimó que este procedimiento permite ahorrar tiempo porque algunos trámites se hacen en paralelo.

Sin embargo, el ex funcionario aclaró que estas reformas no van a hacer que el proceso sea mejor si antes no se pone atención en las capacidades del personal.

“No hay que pensar que cortando plazos y eliminando trámites el proceso del EIA va ser mejor. Será mejor si hay mejores capacidades, si se contrata mejores técnicos para hacer el trabajo. Los mecanismos de participación y consulta también son efectivos. Eso es lo que mejora la calidad de los estudios de impacto ambiental. Un enfoque que solo mira el asunto como un tema de tramitología no es correcto. Hay que mirar la calidad del proceso para asegurar que los objetivos ambientales se cumplan. Asimismo, es necesario invertir en el Senace”, recomendó el experto.

El Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales ya entró en actividad. La transferencia de funciones se concretó a fines del año pasado y en enero del presente año han empezado a hacer las primeras revisiones de EIA.

“El compromiso de los partidos políticos debe ser fortalecer el Senace“, propuso.