Remarcaron que para realizar los trabajos de exploración sísmica, viene trabajando con las comunidades locales logrando el permiso de 34 comunidades y casi 2000 agricultores de la zona.

Especialistas del Ministerio de Energía y Minas (MEM) harán un seguimiento y monitoreo de los acuerdos alcanzados entre Pluspetrol Norte y las comunidades indígenas de Andoas, en Loreto, que permitieron el levantamiento de su medida de fuerza expresada en la toma del aeropuerto de Andoas.

A través de su Oficina General de Gestión Social (OGGS), el MEM tuvo una participación directa en la solución y levantamiento de la toma del terminal aéreo por parte de un grupo de 150 indígenas de la localidad de Andoas, provincia Datem del Marañón, región Loreto.

Un especialista de la OGGS del MEM estuvo presente desde el inicio de las conversaciones realizadas entre representantes de la mencionada empresa y los Apus de las comunidades indígenas de Nuevo Andoas, Alianza Capahuri, Nuevo Porvenir y Los Jardines y un representante de la Federación de Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep). El diálogo concluyó con la firma de un acta.

Los acuerdos alcanzados

Las partes ratificaron, en primer término, la voluntad común de dialogar para lograr un entendimiento sobre los temas que se encuentren pendientes y, en ese sentido, las comunidades indígenas dejaron sin efecto cualquier medida de fuerza para favorecer el desarrollo de las conversaciones.

Los Apus y el representante de Fediquep, federación que agrupa a dichas comunidades, expusieron sus puntos de vista sobre compensaciones por uso de tierras, valorización de impactos ambientales, valorización de canteras y otros temas relacionados.

Demandaron a Pluspetrol Norte que se respete la representatividad de los indígenas en cualquier decisión que se adopte en materia de valorizaciones.

Un representante de la empresa expresó su respeto por los usos y costumbres de las comunidades indígenas de Andoas y admitió que hubo inconvenientes en el tema de las tasaciones y valorizaciones.

Añadió que se respetarán las decisones que tomen las comunidades y el derecho que tienen a solicitar valorizaciones técnicas independientes.

Por último, las partes se comprometieron a cumplir los acuerdos alcanzados en un contexto de buena fe y respeto del orden público.

Andina