En especial para los jóvenes, afirma presidente de comunidad Michiquillay.
La comunidad de Michiquillay, ubicado en el distrito cajamarquino La Encañada, recibió con gran satisfacción la reciente adjudicación del proyecto minero a Southern Perú, porque representa una gran esperanza laboral para los jóvenes de la comunidad
Así lo afirmó Jesús Díaz Casahuamán, presidente de la comunidad, quien declaró a la Agencia Andina que unos 800 jóvenes de Michiquillay esperan una oportunidad laboral en el proyecto, principalmente para aquellos beneficiados con estudios superiores a través del Fondo Social Michiquillay (FSM).
“Muchos estudiantes recibieron apoyo del fondo social para continuar estudios profesionales en diversas universidades, y próximamente se distribuirán paquetes escolares”, aseveró.
Sostuvo que está convencido que la educación es pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, por ello es importante orientar los recursos del fondo social a educación, pero también se dará prioridad al tema de salud porque queremos mejor calidad de vida para nuestros niños, para nuestros ancianos”, indicó.
Jesús Díaz manifestó que si bien el proyecto minero representa una esperanza de desarrollo para las comunidades, con la ejecución de obras sostenibles y de impacto para Cajamarca, de ninguna manera abandonarán sus actividades en el campo con la agricultura y ganadería.
Respecto a la oposición del ex gobernador Gregorio Santos y algunos dirigentes ronderos, el presidente de Michiquillay aseguró que no permitirán la intromisión de políticos y falsos ambientalistas que pretenden frenar el proyecto minero y el desarrollo de Cajamarca.
Díaz recordó que apoyó la campaña de Santos, pero que en su gestión nunca hizo nada por mejorar la agricultura y ganadería. “Estamos cansados de que venga a mentir a la gente, antes venía con el cuento de la defensa del agua, ahora quiere cambiar la constitución, quiere revivir políticamente oponiéndose a Michiquillay y eso no lo vamos a permitir”, acotó.
No obstante, aclaró que la comunidad será vigilante del tema social y ambiental. “Vamos a pedir a la empresa minera que cumpla los compromisos del contrato firmado con el Estado, seguro habrá inconvenientes, pero de nuestra parte habrá disponibilidad al diálogo para solucionar los problemas”.