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Mineras están a favor de cambios a normas ambientales y las ONG en contra

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José Miguel Morales, ex presidente de la SNMPE.
José Miguel Morales.

Legislación ambiental actual restringe las inversiones, señala José Miguel Morales, de la SNMPE. Ambientalistas dicen que proyecto contraviene incluso el TLC con EE.UU.

Las modificaciones en la legislación ambiental que ha planteado el Ejecutivo en el nuevo paquete de medidas para reactivar la economía, han generado posiciones encontradas entre empresarios que defienden éstos cambios, y sectores ambientalistas, que se oponen a éstos.

José Miguel Morales, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirmó que concuerda con la necesidad de mantener el cuidado al medio ambiente, pero no con las normas ambientales vigentes, que -acotó- no se pueden aplicar aquí ni en ninguna parte del mundo.

“No se puede instalar una planta de fundición en el país, porque las normas ambientales tienen tales requisitos, que no hay tecnología que uno pueda aplicar para cumplir con esas exigencias”, aseveró.

En tal sentido, afirmó que el proyecto del Ejecutivo para reactivar la economía (en el aspecto ambiental) apunta en el sentido correcto, y va a incentivar las inversiones.

Además, planteó que los indicadores para medir la emisión de contaminantes, contengan estándares internacionales. “No seamos más papistas que el papa”, reclamó.

“Al Ministerio del Ambiente le digo que no estamos en pleito, sino tratando de sacar al Perú adelante, no se trata de ahogar a algunos para mejorar a otros, sino que todos salgamos adelante”, afirmó.

Ambientalistas

Por otro lado, un grupo de 34 instituciones, entre organismos no gubernamentales, – varias ambientalistas-, gremios agrarios, de trabajadores, municipales, entre otros, expresaron su oposición al proyecto de cambio a la legislación ambiental del Gobierno.

Cuestionan que se planee reducir competencias del Ministerio del Ambiente para aprobar límites máximos permisibles (LMP), y estándares de calidad ambiental, limitar la capacidad sancionadora de la OEFA, y reducir la capacidad de ese sector para crear zonas reservadas.

Incluso señalan que esto último contraviene las obligaciones del Perú frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, “al colocarse una restricción política, como es la aprobación por el Consejo de Ministros (para crear más zonas de reserva)”.

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