Muchos inversionistas están interesados en la formalización, pero no disponen de los vehículos legales.
Veljko Brcic, Consultor en minería
Pese a que el sector minero tiene tres años en caída y no existen indicios de una pronta recuperación, en el Perú existe una rama que se ha mantenido en crecimiento despertando el interés de inversionistas de todo el mundo: las plantas de tratamiento de minerales o ‘tolling’.
A diferencia de la minería tradicional, donde las minas y las plantas de procesamiento pertenecen a la misma empresa, en el negocio de tratamiento de minerales, los operadores de planta y mineros son entidades distintas. Los mineros se encargan única y exclusivamente de extraer el mineral, y lo venden a las plantas según las condiciones pactadas entre ambas partes. La oferta y demanda, por ende, se desarrolla alrededor del mineral. Durante los últimos veinte años, plantas locales han comprado mineral sin distinción de su procedencia, creando un mercado donde la formalidad del minero no aportaba beneficio alguno.
Sin embargo, desde que el Gobierno anunció hace tres años su interés en formalizar a los miles de pequeños mineros informales, inversionistas extranjeros se han acercado al negocio de tratamiento de minerales. El ingreso de nuevos participantes es positivo, ya que demuestra que el mercado es lo suficientemente fuerte para que exista competencia, ayudando a mejorar los precios y servicios ofrecidos. Más importante aun es que ingresan empresas listadas en diversas bolsas de valores, las cuales tienen el deber de publicar su información, son auditadas por terceros y necesitan que el mineral procesado tenga un origen lícito. Es decir, para estas empresas, la legalidad del mineral es un requisito fundamental, lo que podría ser un mecanismo para encaminar el proceso de formalización minera en el país.
Y es que el mercado del ‘tolling’ no puede desarrollarse si la oferta de mineral de origen lícito no se expande. Hasta el momento, la formalización de mineros informales no ha sido más que coerción y educación; un proceso sin mayores resultados que únicamente ha demostrado ser largo, engorroso y costoso. Ciertas medidas como la simplificación burocrática, los incentivos tributarios y la mayor flexibilidad en la cuadrícula de concesiones son importantes para desarrollar el proceso de formalización, pero también es necesario que el Estado genere incentivos para las plantas de tratamiento y que así estas sientan confianza en formalizar a sus clientes.
Muchos inversionistas están interesados en lograr la formalización del sector, pero no disponen de los vehículos legales que aseguren un retorno a su inversión. Su preocupación es válida, si tomamos en cuenta que gran parte de estos mineros nunca ha trabajado bajo un contrato. A eso se le debe sumar el poco interés que muestran por formalizarse si ello los obliga a vender el mineral de manera exclusiva a una planta.
Simplificando procesos y otorgando incentivos para las plantas de tratamiento, se puede combatir la minería informal. El plazo para que estos mineros se formalicen culmina en el 2016, y ninguna de las empresas que han adquirido o están construyendo una planta de tratamiento sabe qué ocurrirá. El Estado tiene el poder de decidir: vamos a verlas desarrollar un mercado formal o seguiremos en este eterno ciclo de huelgas y aplazamientos que terminan alargando innecesariamente el proceso sin brindar una solución.
El Comercio