No se ha enfatizado lo suficiente acerca del reto que significa para el actual gobierno la ambiciosa empresa de formalizar la minería ilegal. En los últimos años ha ido discretamente instalándose la idea de que se trata de un problema acaso comparable con el narcotráfico. En tal contexto, en poco más de un mes –el 19 de abril– se vence el plazo para que los informales presenten una declaración de voluntad de querer formalizarse. Es importante hacer esa precisión porque con esa presentación no se obtiene automáticamente la formalización (como pueden dar a entender ciertas noticias), sino que tan sólo se inicia un procedimiento legal que, en el mejor de los casos, terminará con ese resultado.
Un primer problema relacionado a la complejidad de ese proceso es la resistencia de buena parte de los informales a acogerse a la formalización. De hecho, el gremio que aglutina a los mineros informales, Fenamarpe, ha convocado a una ‘gran marcha nacional’ para este 17 de marzo, en la que exigirán modificaciones al régimen legal, comenzando por una extensión del plazo para la presentación de solicitudes. Se sabe en el sector minero (formal) que el gobierno –desde el presidente Ollanta Humala- tiene la voluntad declarada de no ceder y mantener la fecha inamovible. Los informales aducen que la dificultad para formalizarse deriva de que el 75% de ellos está imposibilitado de cumplir con los requisitos porque no tiene (ni, al parecer, prevé alcanzar en el corto plazo) acuerdos con los titulares oficiales de las concesiones mineras en las que operan ilegalmente. Lo cual nos lleva al siguiente problema. Y es que en realidad no es requisito para acogerse a la formalización contar con esos acuerdos.
En realidad no se sabe cuál será el remedio o la solución que finalmente dará el Estado (ya no digamos el gobierno) ante los muchísimos casos que previsiblemente se presentarán en que haya un titular formal y uno o más mineros de facto sobre la misma concesión. A falta de acuerdo, ¿debería perder toda expectativa de legalización el informal? Ésa suena, desde luego, como la solución más razonable, pero ciertamente introduce un desincentivo a la formalización, cuya expresión es precisamente la huelga de este lunes, pues estos mineros se estarían exponiendo al riesgo de ser identificados por su solicitud y luego perderlo todo por no alcanzar acuerdos. La solución contraria resulta todavía más peligrosa, pero por increíble que parezca se presentó incluso un proyecto de ley en el Congreso que apuntaba a que, a falta de acuerdo, fuera el formal el que perdiera la concesión (¡!).
Finalmente, el tercer gran problema es que, una vez vencido el plazo, ¿cómo actuará el gobierno con quienes no presenten declaración alguna? El alto comisionado para la interdicción de la minería ilegal, la formalización minera y la remediación ambiental de la PCM ha tenido recientemente una implacable intervención al desbaratar operaciones de minería ilegal, y eso podría constituir un indicio de su voluntad política para enfrentar el problema a futuro. Pero, lamentablemente, tenemos un gobierno débil, donde además el propio presidente ha visto debilitada su imagen recientemente, y el desgaste de capital político que esta guerra (que en eso podría convertirse) puede resultar demasiado alto.
Semana Económica