Foto: El Comercio/Digital Globe (Next View). Edición Impresa Páginas 10 y 11

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Francesca García D.

Madre de Dios. Imágenes satelitales muestran que en menos de tres años el avance de la minería deformó el recorrido del río. Uso constante de dragas y chupaderas afecta la Reserva Nacional de Tambopata.

El puente de agua (señalado con un círculo) que parece unir lo que antes fueron curvas en un tramo del serpenteante río Malinowski, en Madre de Dios, no es una formación natural sino el resultado de la acción devastadora de dragas fluviales y otras maquinarias que usan los mineros ilegales en esta parte de la selva. Ellos, en su búsqueda frenética de oro, han desviado el curso de uno de los principales ríos de la región, que además marca el límite natural de la Reserva Nacional de Tambopata.

Estas imágenes satelitales, cedidas en exclusiva a El Comercio, muestran tres momentos entre junio del 2013 y marzo del 2016 en un mismo punto, a la altura del kilómetro 98 de la carretera Interoceánica. En la primera se aprecia el curso natural del río y la zona protegida antes del impacto de los ilegales. La segunda y, sobre todo, la tercera (tomadas dos y casi tres años después del primer registro) captan no solo el cambio de sentido del Malinowski sino la progresiva degradación de su cauce y bosques aledaños. Aquellas manchas marrones en el mapa son, a escala real, kilómetros de bosque muerto.

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El 1 de febrero de este año, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (Aider) alertaron sobre el nuevo trazo artificial del Malinowski, cuya desviación habría comenzado en febrero del 2015. En mayo de ese año, solo tres meses después, detectaron que los mineros ilegales ya operaban en el antiguo cauce del río. En total se dañó 2,7 kilómetros de cauce.

El proyecto MAAP (por sus siglas en inglés), a cargo de la Asociación para la Conversación de la Cuenca Amazónica (ACCA) y la Amazon Conservation Association (ACA) – responsables de las imágenes satelitales que publicamos en esta edición– captó recientemente otro desvío del río provocado pocos días atrás, entre el 7 de abril y el 3 de mayo, en un área de 1,7 km. Es probable que en este momento haya mineros en la zona interviniendo el cauce.

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Hay dragas y dragas

La modalidad de los mineros ilegales consiste en colocar sus dragas (armatostes de madera que equipan con motores para remover la tierra del lecho del río y extraer el oro) en los cruces y en las curvas de los ríos para desviar su curso. De esta manera, logran aislar porciones de tierra que son aprovechadas. Además de dragas, utilizan otras maquinarias como las chupaderas (mangueras que extraen el material del lecho del río), según explicó Víctor Hugo Macedo, jefe de la Reserva Nacional de Tambopata.

“Para causar todo este daño solo necesitan trabajar con pocas dragas. Los campamentos de los mineros ilegales ahora están frente a la reserva de Tambopata, por eso es muy fácil para ellos huir cuando hay operaciones”, indicó Macedo.

Las dragas, que son las maquinarias más comunes usadas por los mineros ilegales para extraer oro en el río, provocan daños también en la franja de tierra adyacente, debido a que carcomen la superficie del bosque. Además, esta actividad minera no controlada contamina las aguas por el uso del mercurio. Macedo explicó que el daño que provoca cambiar el curso de un río es más grave por tratarse de un área protegida.

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Riesgo ecológico

José Luis Capella, director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), dijo que las zonas reservadas tienen un estatus especial que busca preservar su biodiversidad. La Reserva Nacional de Tambopata es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo.

“Lo que se ve es muy grave y hay que alertarlo. No hablamos de los impactos negativos que habrá en un futuro, sino de lo que ocurre ahora mismo. Los impactos son muy graves porque esta deforestación corta todo un ciclo ecológico”, comentó. Capella agregó que la pena para quienes vulneren áreas protegidas llega hasta los 8 años de prisión, aunque reconoció que la inaccesibilidad de la zona y la legislación hacen más difícil la aplicación de sanciones.

El Comercio