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Patearon el tablero. Los mineros informales acordaron dejar de lado el proceso de formalización y realizar una marcha de sacrificio en Lima, el 17 de marzo próximo. Con esta medida iniciarán una huelga indefinida exigiendo la anulación de las normas de formalización que emitió el Gobierno.
La Federación de Mineros Artesanales Base Puno anunció que viajarán a la capital cerca de cuatro mil trabajadores extractivos desde el Altiplano.
El impulsor de la paralización en la región es Efraín Bonifacio Castillo, quien no es minero y tampoco está registrado en el padrón de quienes suscribieron la declaración de compromiso. En diálogo con La República aseguró que el fin de la protesta es advertirle al gobierno que las normas establecidas son inviables.
Muestra de ello sería que algunos mineros tienen trabas para concretar su formalización. Por ejemplo, no pueden conseguir el permiso de uso del terreno superficial porque las comunidades o los dueños no están dispuestos a permitir que sigan contaminando el ambiente, después de haber usufructuado por años sus tierras sin ninguna autorización.
Otro de sus problemas es que los titulares de las concesiones tampoco les quieren dar el permiso de explotación, porque también durante años extrajeron oro de sus concesiones sin autorización. Por ello, buscarían la mediación del Estado.
INTERESES de por medio
Al respecto, el Alto Comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería Ilegal, Daniel Urresti, advirtió que se está movilizando campesinos para intereses particulares.
“Los dirigentes de las federaciones mineras están engañando a sus bases y aparentemente están coludidos con la minería ilegal. Los que protestan piden que se paren las interdicciones. ¿Qué tienen que ver con las interdicciones ellos? Eso es para la minería ilegal, ellos son informales”, declaró.
Consideró además que la medida de fuerza no será representativa.
“De los 70 mil mineros, solo 10 mil están demostrando que quieren formalizarse”, indicó el alto comisionado en referencia a la poca disposición de los artesanales de iniciar el proceso de formalización.
Según la Oficina Regional de Inteligencia de la PNP, los financistas de la protesta serían los mineros ilegales que buscan traerse abajo las acciones de interdicción. Se estima que el patrimonio de un ilegal con pocos años en el rubro bordea los US$ 500 mil en bienes y en efectivo.
Edilberto Machaca
Abogado
no pueden exigir presión del estado
En primer lugar, el Gobierno tiene que hacer respetar el principio de autoridad y el estado de derecho. Si la comunidad no está de acuerdo en cederles el paso a los mineros, y si en las concesiones tampoco están dispuestos a permitirles que exploten sus derechos, nadie puede presionarlos a que hagan algo que no está dentro de su voluntad.
Los mineros informales están exagerando cuando pretenden que el Estado presione a las comunidades o empresarios para que les cedan sus derechos. Eso es antijurídico y va contra el orden constitucional.
Es muy buena la idea de que las direcciones de minería intervengan en el diálogo de los involucrados, pero a nadie se le puede presionar a hacer lo que no quiere. Parece que detrás está la minería ilegal.
La República