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MINISTROS INFORMARON SOBRE CONSULTA PREVIA Y DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

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Foto: Expreso

El ministro de Cultura, Luis Peirano, informó ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Ambiente y Ecología, que la no publicación de la Base Datos de los Pueblos Indígenas relacionados con la implementación de la Ley de Consulta Previa se debe a que existe una demanda de acción popular contra la directiva que regula esta información, presentada en Cusco en diciembre de 2012. Los proponentes piden la inconstitucionalidad de la directiva porque, supuestamente, señaló Peirano, incorpora nuevos criterios de identificación para los pueblos indígenas (lengua materna y conexión territorial).

El titular del sector Cultura fue el primero de tres ministros convocados el martes 16 por la comisión para que absuelvan temas muy concretos relacionados con los derechos que asisten a los pueblos indígenas del país.

El canciller Rafael Roncagliolo informó sobre el trámite dado a la carta del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas en relación al “posible impacto discriminatorio” de la ampliación de actividades del proyecto del gas de Camisea sobre los pueblos indígenas de la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti.

En el primer caso, Peirano explicó que los instrumentos de la consulta previa son la Base de Datos, la Guía metodológica, que ya ha sido publicada; el Registro de 82 intérpretes de 17 lenguas indígenas (se capacitarán a otros 60 en 13 lenguas), el Registro de facilitadores (en etapa de implementación) y el Libro de Registro de resultado de procesos de consulta, que está listo para su desarrollo.

Los detalles sobre la posición del Ministerio de Cultura fueron expuestos por el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra. Explicó que la Base de Datos es un instrumento no constitutivo de derechos, de carácter referencial y de actualización permanente, que incorporará progresivamente una mayor información en tanto esta sea producida por las entidades competentes.

Al respecto, la congresista Marisol Pérez Tello (APGC) dijo que resultaba contradictorio decir que era un instrumento referencial y no se publique y que debería debatirse sobre lo publicado. Comentó que había desconfianza en ronderos y comunidades campesinas sobre cómo van a ser considerados.

El viceministro comentó que el Código Procesal Constitucional establece que las sentencias fundadas recaídas en el proceso de AP podrán determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas, por lo que la directiva podría devenir en nula a partir de la metodología prescrita por la directiva. Sin embargo, remarcó, esto no podría poner en entredicho el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, ni pueden estar sometidos a cuestionamientos.

El segundo aspecto de su exposición fue sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, y al respecto dijo que hay preocupación por una posible afectación a los pueblos de Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, por lo que se ha previsto la suspensión inmediata de las actividades de extracción previstas en la reserva. Asimismo, por DS 028-2003 se ha prohibido el otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento dentro de esta zona y que los derechos preexistentes deben ejercerse garantizando los derechos de los pp.ii. en situación de aislamiento.

Otras acciones que lleva adelante el Ministerio de Cultura, según el funcionario, es la implementación de un Plan de Seguimiento a las actividades en el lote 88; y hay un acuerdo con el MINSA para la actualización del Análisis de la Situación de Salud correspondiente a los pueblos indígenas Nanti y Nahua para contar con información oficial a la fecha.

Iván Lanegra explicó que un nuevo estudio de impacto ambiental no supone nuevos derechos de aprovechamiento porque los proyectos son parte de los derechos otorgados por el contrato de licencia suscrito en el 2000. No pueden otorgarse nuevos derechos en el ámbito de esos territorios, reiteró.

ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
Por su parte, el ministro Rafael Roncagliolo informó a la Comisión de Pueblos Indígenas que el 31 de julio próximo es la fecha para que el Estado peruano absuelva la solicitud del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, compromiso en el que están incluidos los países miembros de la ONU.

Dijo que el 14 de marzo pasado se recibió la comunicación del Comité por la Misión del Perú en Ginebra, 10 días después se envió la nota a la Dirección General de DD.HH. del Ministerio de Justicia, así como al Viceministerio de Interculturalidad y al Procurador Público Especializado Supranacional del Ministerio de Justicia.

La carta del referido Comité está relacionada con un posible “impacto discriminatorio” de la ampliación de actividades del proyecto del gas de Camisea sobre los pueblos indígenas aislados de la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti.

Rafael Roncagliolo informó que en el 10 de este mes se respondió a la comunicación al Consejo de DD.HH. de la ONU para que visite el Perú el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e investigue el impacto de las industrias extractivas en territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Dio a conocer que el Perú estaba atrasado en la presentación de los informes al Comité de las Naciones Unidas desde 1998. Por esta razón, en el 2009 presentó cuatro informes juntos (14º al 17º) sobre todo el 2008; y los informes 18º, 19º y 20º (del año 2012) se presentaron en octubre del año pasado.

El ministro señaló que el Perú y otros 90 países tuvieron un retraso en la presentación de los informes por lo que el Comité decidió flexibilizar la presentación de los informes porque era impracticable. Sin embargo, ello no es razón para que el Estado peruano cumpla con sus compromisos por lo que los informes pendientes, anunció, están listos y serán remitidos en el transcurso de los próximos días.

PASIVOS AMBIENTALES
El tercer invitado a la sesión, fue el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, quien se refirió a la creación de la reserva territorial Kugapakori, Nahua, Nantí y otros, en julio de 2003 a favor de los grupos étnicos voluntarios, en una superficie de 456, 672 hectáreas. El objeto fue preservar los derechos de esas poblaciones sobre sus tierras y el aprovechamiento con fines de subsistencia de los recursos naturales en dicha área.

Merino Tafur explicó que para garantizar la no afectación de los derechos de las poblaciones indígenas que habitan esos territorios, se ha prohibido el establecimiento de asentamientos humanos diferentes de los grupos étnicos y el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de los recursos naturales.

Se ha determinado que el viceministerio de Interculturalidad actúe como tutor provisional para representar a esos pueblos, otorgándole la conducción y coordinación y/o autorización de las actividades científicas y humanitarias que requieran.

Informó que a la fecha el Consorcio Camisea realiza actividades y está construyendo dentro de la reserva, locación de San Martín Este, Lote 88; y se aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) para la ampliación del programa de exploración y desarrollo.

Las interrogantes provinieron especialmente de las congresistas Verónika Mendoza (AP-FA) y Marisol Pérez Tello (APGC), quienes expresaron su satisfacción por la presencia de los tres ministros y porque se trataron temas que están ausentes de la agenda política.

Sobre la consulta previa, Verónika Mendoza dijo que si la acción popular cuestionaba la interpretación restrictiva de la base de datos, el efecto sería ampliarlo y no eliminarlo, por qué la resistencia a publicarlo, preguntó. También inquirió sobre la presencia de los pueblos indígenas en el Manu y qué estaba haciendo el Estado en el lote de Fitzcarraldo y otros.

A su vez, Pérez Tello comentó que las actividades extractivas en las zonas protegidas deben ser bien hechas y preguntó si se va a requerir de consulta previa. Dijo que debería replantearse el informe sobre Bagua y preguntó cómo se puede remediar los pasivos ambientales mal realizados.

El presidente de la comisión, congresista Víctor Grández (GPF) preguntó si habrá una consulta previa en Loreto y cuándo se llevaría a cabo. Dijo que había varias denuncias sobre pasivos ambientales que no se han declarado y propuso que se declare en emergencia las cuencas del Amazonas.

Eduardo Nayap (NGP) dijo que le preocupaba que después de muchos años se dé continuidad a los contratos o se busque nuevos concesionarios sin haber estudiado los beneficios para los pueblos indígenas, que son los dueños de los territorios.

Al respecto, el ministro Merino Tafur señaló que en el Lote 88 la empresa Pluspetrol ha presentado para su aprobación otro EIA para el programa de exploración y desarrollo.

Foto: EXPRESO
Textos: Congreso de la República del Perú

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