Gustavo Adrianzén (Foto: Andina
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, pidió a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que patrocinaron la demanda contra el Estado peruano por el caso Chavín de Huántar entregar el dinero que recibirán por los gastos del proceso a los familiares de las víctimas del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no establece ninguna indemnización del Estado en favor de los familiares de los terroristas abatidos en la operación Chavín de Huántar en abril de 1997, en la que 71 rehenes fueron liberados con vida.
Sin embargo, establece que se pague a la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh) y ak Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) 10,000 y 20,000 dólares, respectivamente, por los gastos incurridos durante el litigio.
Adrianzén recordó que las referidas organizaciones “se jactan y se rasgan las vestiduras diciendo que no tienen una pretensión económica”, y que incluso han señalado que pensaban donar el dinero a una organización benéfica.
“Al respecto, les digo que no estén buscando a quién donarle nada, vayan y toquen las puertas de los familiares del coronel (Juan) Valer, del capitán (Raúl) Jiménez, del doctor (Carlos) Giusti, asesinados por los familiares de quienes ellos han estado defendiendo. Ellos son los únicos legítimos para cobrar”, afirmó.
En la operación de rescate Chavín de Huántar fallecieron los comandos Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez, así como el magistrado Carlos Giusti Acuña, uno de los rehenes capturados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima.
“No estén buscando por ahí organizaciones benéficas, que vayan y le toquen la puerta a las verdaderas víctimas, a los deudos de nuestros héroes ”, reiteró.
El titular de Justicia destacó que hubo plena coincidencia entre lo que declaró el Presidente de la República, Ollanta Humala, y la decisión de la Corte IDH de no pagar indemnizaciones a los familiares de los emerretistas. Aclaró que el dinero que se establece en favor de las ONG no es una reparación.
“Lo que ha establecido la corte es que se tienen que pagar gastos y costas a las dos organizaciones que patrocinaron a los familiares de los delincuentes terroristas. ¿Qué significa esto? Esto no es una reparación, esto no es otra cosa que el reconocimiento de los gastos en los que han incurrido”, puntualizó.
El ministro brindó estas declaraciones tras presidir la ceremonia de juramento de los nuevos defensores públicos, que se realizó en el auditorio del Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja.
Andina