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Moquegua: Cinco funcionarios del GRM podrían perder sus cargos

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Foto: Epensa
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La Ordenanza N° 012-2007 estableció como requisito obligatorio que los profesionales estuvieran habilitados por sus colegios.

Al menos cinco ingenieros que ocupan cargos de confianza en el Gobierno Regional de Moquegua estarían inhabilitados para desempeñar sus cargos.

En el 2007, con la Ordenanza N° 012, el GRM entonces gobernada por primera vez por Jaime Rodríguez Villanueva estableció como requisito obligatorio para trabajar en la administración pública que los profesionales estuvieran habilitados por sus órdenes profesionales.

El consejero regional por Sánchez Cerro y presidente de la Comisión de Fiscalización, Rolando Ramos Apaza, sostuvo que la ordenanza no se cumple a cabalidad.

El primero que la incumplió fue Jesús Málaga, quien hasta el último lunes se desempeñó como gerente general del Gobierno Regional. Por más de 10 meses no pagó sus cuotas en el Colegio de Ingenieros y pasó a figurar como inhabilitado. Obligado a renunciar por las críticas, el gobernador no dudó en aceptar su dimisión.

Ahora la misma suerte podría correr cinco funcionarios más. Según Ramos, en la misma situación se encuentran el gerente de Recursos Naturales, Percy Cano; el subgerente de Demarcación Territorial, Lindolfo Zeballos; los directores regionales de Energía y Minas, Edgar Ayamamani, y de Agricultura, Marco Portocarrero; y el gerente de la subregión Sánchez Cerro, Víctor Mamani.

Ramos Apaza sostuvo que pedirá por escrito al gobernador Rodríguez que cumpla con la ordenanza regional que él mismo rubricó en 2007. “La gestión tiene que ser transparente y los funcionarios deben ser profesionales serios y eso implica cumplir con las normas de la propia institución”, comentó.

El consejero recibió ayer del Colegio de Ingenieros el listado de 615 profesionales inhabilitados. Con ella cruzará información para conocer si hay mayor número de observados.

También solicitará información a los Colegios de Abogados, Arquitectos y Contadores.

La ordenanza se aplica en general a todo el personal que trabaja en la administración pública cualquiera sea la modalidad de empleo.

Diario Correo

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