El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, acudirá hoy a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República para sustentar la delegación de facultades legislativas, las cuales permitirán en el corto y mediano plazo reactivar la economía.
La sesión parlamentaria iniciará a las 14:30 horas (19:30 GMT) y tendrá la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, además de otros ministros de Estado.
Thorne, afirmó que el Ejecutivo prevé a través de las facultades legislativas reducir la brecha de infraestructura social en 50% al bicentenario el 2021, con medidas para reformar ProInversión y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
“(Esa brecha) Hoy está en 140,000 millones de dólares y queremos llevar adelante proyectos (de inversión) por 70,000 millones”, enfatizó el ministro durante su presentación en la Comisión de Descentralización del Congreso de la República.
Sostuvo que esperan además, una mejora en la priorización de proyectos públicos, aumentar el número de Asociaciones Público Privadas (APP) adjudicadas, minimizar las adendas y reducir el tiempo de los procesos, así como reducir el tiempo de la inversión pública.
“La idea es pasar de 4.5% a 6.2% del Producto Bruto Interno (PBI) en inversión en infraestructura”, destacó.
Entre el pedido de facultades destacan la reforma de ProInvesión y del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), dijo Thorne, quien agregó que también están proponiendo cerrar la brecha con los distintos proyectos de inversión.
“Con esta herramienta podremos ver las necesidades de los gobiernos regionales e identificar si existen proyectos de inversión que cierre esa brecha”, dijo.
ProInversión
Informó que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversion) no cuenta con las capacidades necesarias para llevar adelante proyectos futuros y que existe una insuficiente capacidad de acompañamiento a los gobiernos regionales y locales.
“Existen APP que tienen que pasar procesos desordenados que terminan en contratos de mala calidad y problemas que generan demoras en su ejecución”, destacó.
Para revertir ello planteó la reforma de ProInversión mediante el fortalecimiento de la gobernanza y la descentralización, con el fin de empoderar a los gobiernos locales y regionales y lograr una optimización de los procesos de APP.
“La idea es que gobiernos regionales tengan una unidad de desarrollo de proyectos”, dijo.
De esta manera, explicó que buscan contar con comités especiales para hacer el control de calidad y crear programa de oficinas descentralizadas.
“Estas serían el brazo ejecutor de los gobiernos locales y regionales y abarcarían proyectos de APP y Obra por Impuestos (OxI).
Asimismo, dijo buscan que ProInversión evalué desde un principio los proyectos de inversión para analizar si acceden a financiamiento privado, sino pasarían a obras públicas. “Los proyectos terminan paralizados por las adendas”, dijo.
En otro momento, sostuvo que la idea es que Pro Inversión cuente con un área de post adjudicación que acompañe los proyectos de inversión y agregó que habrá un área de destrabe para acelerar los proyectos de inversión que se demoren.
Inversión pública
En el sistema de inversión pública, uno de los problemas es que los proyectos que se realizan no están vinculados al cierre de brechas y asignación presupuestal, dijo Thorne. “Además, existe desorden y lentitud por excesivas reformulaciones y actores evaluando”, agregó.
Para solucionar ello, tomaremos tres medidas: Programar proyectos de acuerdo a brechas y presupuestos, simplificar y estandarizar procesos de formulación y evaluación, y fortalecer el seguimiento con metas, resultados e incentivos, indicó.
Gasto descentralizado
En otro momento, destacó que se adelantó a marzo del próximo año, el plazo de transferencias a favor de los gobiernos regionales y locales con el fin de financiar proyectos y que cuenten con un presupuesto predecible y oportuno.
También, resaltó que las reasignaciones (presupuestarias) las efectuarán las entidades bajo responsabilidad del titular del pliego, sin informe previo del MEF, protegiendo los proyectos de inversión pública que se encuentren en ejecución.
Andina