La fiscalización ambiental está dando un giro de 180° en el país. Hasta hace pocos meses, las empresas minero-energéticas criticaban la celeridad y supuesta dureza con que eran multadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Esto cambió con la promulgación de la Ley 30230, que obliga al ente fiscalizador a privilegiar los procedimiento correctivos y promotores por sobre la mera aplicación de sanciones.
Es así, que el OEFA se prepara ahora a premiar a las empresas fiscalizadas, aplicando un novedoso regimen de incentivos que apunta a modificar radicalmente su imagen de ‘entidad sancionadora. ¿En que consiste esta propuesta?
PREMIACIÓN
En un conversatorio con economistas desarrollado semanas atrás, los funcionarios del OEFA revelaron su intención de estimular las prácticas ambientales excepcionales, con un incentivo honorífico y otro económico: un certificado de descuento de multas (CDM) de hasta S/. 385 mil (100 UIT), que las empresas galardonadas podrán transferir a cualquiera de sus unidades de producción, o vender a otras compañías.
Estos incentivos serán entregados en una ceremonia pública anual, cuya primera edición se desarrollará en agosto de este año.
Gabriela López, subdirectora de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Oefa, explicó que el régimen de incentivos estará abierto únicamente a las unidades fiscalizables inscritas en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales (RBPA).
Ello significa que el universo de beneficiarios estará acotado (al menos por el momento) a sólo 48 unidades: 17 pesqueras, 15 eléctricas, 12 mineras y 4 industriales, que son las que integran actualmente el registro. Un universo bastante limitado, si tomamos en consideración que solamente la actividad minera acoge a 500 unidades de producción formales, que no tendrían posibilidad de acceder a la batería de incentivos del OEFA.
Sin embargo, la norma abriría las puertas para que los certificados del OEFA puedan ser adquiridos en el mercado secundario a precio de remate, como advierte Humberto Campodónico, ex presidente de Petro-Perú.
“Es muy simple. Si el OEFA galardona a una empresa con un certificado de 100 UIT y ésta no lo necesita porque es empresa cumplidora, podría venderlo a una empresa infractora que le pagaría un poco menos, digamos 70 UIT o 80 UIT. Luego, ésta usaría ese mismo certificado para cancelar una multa de 100 UIT del OEFA”, señaló. ¿Qué opinan otros economistas sobre esta iniciativa del ente fiscalziador?
¿INCENTIVO PERVERSO?
Elsa Galarza, coordinadora del área de Economía de Recursos Naturales y del Ambiente del CIUP (Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico), concuerda teóricamente con la iniciativa del Oefa, pero encuentra problemático el enfoque que intenta aplicar.
“Me parece encomiable que el OEFA empiece a considerar incentivos para flexibilizar su control, pero veo un gran problema en que interprete esto como un mero acto de entregar y devolver dinero. Esto será contraproducente, porque está intentando promover un comportamiento positivo a través de un incentivo económico que implica comportarse mal para hacerlo efectivo. En ese sentido, falla por lo limitado de su aplicación”, explica.
El OEFA discrepa de esta apreciación. Según Hugo Gómez, debe quedar muy claro para las empresas fiscalizadas que el verdadero incentivo es el honorifico, debido a que los montos involucrados en el certificado de descuento son pequeños en comparación a las multas que suelen recibir las compañías infractoras reincidentes.
“Hay una razón para que los incentivos económicos no sobrepasen los100 UIT, y es que no queremos que ningún vivo pueda utilizarlos. Un infractor reincidente recibirá una multa de 1.000 UIT ó 2.000 UIT si se atreviera a cometer una infracción para sacar provecho del mercado secundario. Eso no le reportará ningún beneficio”, sentenció.
Reconoció, empero, que el mercado secundario sí será útil a las empresas que cometan “infracciones leves, de 20 o 30 UIT”.
Y ese es precisamente el problema. Según estadísticas oficiales del OEFA, el promedio de las multas impuestas a las unidades fiscalizables en los últimos cinco años asciende a 70 UIT. Este monto se elevará, según un cálculo prospectivo de la entidad, a 150 UIT o 200 UIT en el futuro cercano.
Dado que – como afirma el mismo entre fiscalizador – son muy pocas las empresas multadas con más de 1.000 UIT, cabría esperar que los certificados de descuento serán utilizados para anular las multas menores, que son las más comunes.
Esta distorsión es advertida por Elsa Galarza, para quien queda bastante claro que se trata de un ‘incentivo perverso’.
“Lo que el OEFA está diciéndonos es que las grandes empresas considerarán los certificados de descuento como propinas; mientras que, por otro lado, la entrega de estos alentará la creación de un mercado que no existe en la actualidad, pero que beneficiará, claramente, a los pequeños infractores, reportándoles certificados baratos para pagar sus resepctivas multas”, manifestó.
El Comercio