“Notamos avances importantes en el Perú porque se aprobó una norma, se reglamentó y se está implementando, y por lo tanto creemos que va por el camino correcto, pero hay que dar los primeros pasos y en eso estamos”, declaró el especialista en actividades para empleadores de países andinos de la OIT, Roberto Villamil a Andina Radio Online.

La Ley General de la Persona Con Discapacidad dispone una cuota para su contratación en las empresas con más de 50 trabajadores, en el sector privado es de 3%, mientras que en el sector público asciende a 5%.

Villamil señaló que las empresas deben tomar conocimiento preciso de la normativa vigente y también “conciencia” del “verdadero sentido” de incorporación de las personas con discapacidad para el trabajo.

Con la contratación de este grupo poblacional se busca promover un cambio social, sobre los eventuales prejuicios, porque la discapacidad en sí misma no debe constituir una traba para un puesto de trabajo.

“Hay que apelar a las capacidades diferentes que tiene una persona con discapacidad para desempeñar con mucha eficiencia el trabajo que se le pueda encomendar”, dijo.

En ese sentido, destacó que está demostrado “que en la medida que una persona con discapacidad puede acceder a un trabajo en igualdad de condiciones su rendimiento es superior” al resto del personal.

“No es una cuestión de solidaridad, todos somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos y deberes”, subrayó el especialista de la Organización Internacional del Trabajo.

También, indicó que no debe perderse de vista que los costos de adaptación del centro de trabajo a personas con discapacidad no son elevados y forma parte de un proceso de inclusión social, porque si uno mira las rampas en las calles a nivel de las empresas sucede lo mismo.

Finalmente, destacó los beneficios de esta norma para las empresas que contraten discapacitados.

“Esta ley es generosa con las empresas que contratan a personas con discapacidad, pues brinda estímulos para que cumplan con la norma con ajustes razonables”, puntualizó