Foto: Correo
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) fue descubierta ayer en su intento por colocar obstáculos a un nuevo proyecto de inversión.
Y es que la referida ONG habría pactado “por lo bajo” una conferencia de prensa para que supuestos dirigentes del distrito de Tambogrande, ubicado en Piura, denuncien a la multinacional Buenaventura, que busca hacer exploraciones mineras en zonas desérticas de dicho lugar en el marco del proyecto El Faique.
SE VAN DE BRUCES. El intento del organismo no gubernamental se frustró, pues el economista Miguel Santillana acudió a la cita acompañado del presidente de la comunidad campesina de Apóstol Juan Bautista de Locuto, Héctor Nima, y otros dirigentes que sí acreditaron sus cargos con documentos en mano.
“La CNDDHH montó una pantomima trayendo gente que no representa a la ciudadaníapara sabotear esta oportunidad de desarrollo”, aseveró el economista.
SE ESCONDEN. Para justificar su decisión de detener la conferencia, personal de la CNDDHH dijo a Correo que los expositores tuvieron problemas para llegar al local.
Sin embargo, se supo que se encontraban en el segundo piso y a la espera que el presidente de la comunidad “afectada” y los otros “dirigentes” se retiren.
“La comunidad no ha nombrado a ninguno de esos señores. Quieren obstruir una exploración que puede traer muchos beneficios a nuestra comunidad, cuando ahora tenemos una nueva oportunidad”, indicó el representante comunero Héctor Nima.
“En el 2002 nos prometieron el paraíso agrícola y aún no vemos nada. Dicen que son defensores de nuestros derechos e intereses pero, ¿dónde han estado estos 12 años?“, se preguntó.
Nima también señaló que sería el alcalde de Tambogrande, Francisco Ojeda, quien estaría “coludido” con la CNDDHH para perjudicar a su comunidad.
SEÑAL DE PROGRESO. Buenaventura se comprometió a abonar S/.5 millones por concepto de ayuda social para la comunidad campesina, a cambio de una concesión de 1000 hectáreas para exploraciones mineras, de un total de 11 mil.
La exploración minera tendría una duración de 3 años, en principio, dependiendo de los descubrimientos y acuerdos a los que lleguen con la población.
El compromiso incluye, además, estudios integrales agrícolas y acuíferos para que los 8 mil habitantes, repartidos en los 8 caseríos que conforman la comunidad, tengan, por primera vez, estos beneficios.
Las exploraciones mineras, cabe resaltar, se efectuarían a más de 5 kilómetros del poblado más cercano. Asimismo, se les asignará un fondo social escalonado: durante el primer año, S/.100 mil; el segundo, S/.150 mil adicionales; y el último, S/.200 mil.
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