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Opinión: El eterno dilema del marco tributario minero

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Marcial-Garcia
Marcial García Schreck
SOCIO DE Impuestos de EY

En los últimos meses se ha vuelto a poner sobre el tapete el espinoso tema de la tributación minera, luego de que el gremio minero planteara retornar a un sistema similar al “aporte voluntario”, que fue reemplazado en el 2011 por el Gravamen Especial Minero (GEM) y el Impuesto Especial Minero (IEM). Respondiendo a ese pedido, en diciembre pasado, el titular de Economía, Luis Miguel Castilla, dejó abierta la posibilidad de revisar la estructura tributaria del sector, para impulsar la ejecución de proyectos de inversión social con la participación de las mineras en las localidades donde operan.

Uno de los principales argumentos detrás de la propuesta es que el actual modelo, tal como fue diseñado, no ha funcionado, dada la demostrada falta de capacidad para gestionar el gasto público de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), que dejan de invertir miles de millones de lo que tienen presupuestado todos los años y que terminan empozados en cuentas bancarias, pese a las enormes necesidades de infraestructura, salud, educación y seguridad de un país como el nuestro.

Por cierto, la propuesta hecha por los mineros podría funcionar sin necesidad de hacer ajustes drásticos al marco tributario vigente. En realidad, bastaría con replicar el mecanismo de Obras por Impuestos, como lo ha sugerido una representativa voz del sector. Ese sistema permite a las empresas financiar y ejecutar proyectos de inversión pública a cambio de que el monto invertido sea descontado de su Impuesto a la Renta. En este caso, tendría que extenderse para que el crédito por ese concepto pueda ser aplicado contra el GEM, IEM y, eventualmente, las regalías mineras. El tema, ciertamente, es uno sensible que merece ser debatido, ya que lo peor que le podría pasar al Perú es desaprovechar la oportunidad de seguir avanzando en el camino hacia el desarrollo y la superación de la pobreza.

No por ello, sin embargo, debemos poner en riesgo la seguridad jurídica. Es necesario prevenir cualquier impacto negativo que afecte el clima de negocios y mantener reglas claras y predecibles. En este contexto, es muy positivo el anuncio del ministro Castilla de que no se contemplan aumentos en los impuestos, pues es consciente de que la competitividad es fundamental para fomentar la inversión privada, sostener el ritmo de crecimiento en el largo plazo y, con ello, la recaudación fiscal.

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