(Opinión) Minería es desarrollo social y humano

Las trabas a la inversión minera no solo originan costos económicos, sino fundamentalmente sociales y humanos. La semana pasada se anunció que la pobreza se redujo en casi dos puntos en el 2013, de 25,8% a 23,9%. Casi medio millón de personas dejaron de ser pobres. ¿Todos contentos? No. Veamos por qué.

En el 2011, en plena crisis global, la actividad minera ayudó a reducir el número de pobres en el Perú en casi 800 mil personas, una cifra muy superior a la recientemente anunciada para el 2013. La incapacidad del Gobierno Central frente a ciertos líderes regionales –que con lenguaje antiminero y agenda propia han ocasionado un serio retroceso al progreso de regiones como Cajamarca, por ejemplo– es algo que debe ser revertido inmediatamente.

No es novedad que la minería ha sido, y es, una extraordinaria fuente de desarrollo económico, social y humano, no solo porque genera empleo formal, sino porque lo hace justamente en aquellas regiones cuyas poblaciones son las más necesitadas. Por supuesto, es también un verdadero motor para el crecimiento de otros sectores como metalmecánica, infraestructura y consumo, además de generar ingentes recursos a las regiones por el canon minero.

Con un liderazgo real, ético y asertivo –no solo del Gobierno, sino también de las fuerzas políticas– hoy estaríamos celebrando la reducción de más de un millón de pobres al año, y no de la mitad como ha sucedido en los últimos dos años. Las estimaciones presentadas en CADE 2013 mostraron que si llegamos a ejecutar la actual cartera de inversiones mineras, incrementaríamos el PBI en 36% y generaríamos 2,4 millones de empleos directos e indirectos. Esto significaría recaudar impuestos adicionales por US$12.300 millones cada año y cuadruplicaríamos el presupuesto anual del sector Educación y de otros sectores claves para el desarrollo social y humano, en beneficio de millones de peruanos.

De acuerdo con estudios hechos por The Fraser Institute, el riesgo político y la calidad y cantidad de las regulaciones poco óptimas están haciendo que el Perú pierda importantemente su atractivo para atraer inversiones.

Nuestra actual ubicación 56 podría transformarse en el puesto 19 si el Estado destrabara las inversiones y liderara los cambios que necesita el país en los ámbitos de seguridad ciudadana e infraestructura social.

En el 2013, además de las inversiones que no ejecutamos, también cedimos terreno en el campo de la exploración, pues estas fueron menores en 26% que las del año anterior. Mucho cuidado con esto. Operamos en una aldea global en la que el flujo de las inversiones depende de las condiciones de cada país. Por ejemplo, si nos comparamos con Chile –que ocupa el puesto 30 en el ránking de atracción de inversión minera– veremos que nuestro vecino cuenta con una cartera de proyectos mineros para los próximos siete años que más que duplica a la peruana.

Toromocho, hoy en operación, nos recuerda todo lo que puede perder una región en desarrollo social y humano por casos como los de Conga. Una inversión de US$4.820 millones –prácticamente idéntica a la que se dejó de hacer en Conga– que crea 10.000 empleos, que genera US$7.600 millones por Impuesto a la Renta y US$3.800 millones por canon minero, y que contribuye con un punto porcentual al crecimiento del PBI, lo único que puede hacer es reducir la pobreza y generar progreso. ¿Qué de esto es lo que no se entiende?.

El Comercio