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Lo sucedido con Petroperú contiene elementos que la trascienden ampliamente, pues se desbordan hacia el campo del respeto y fortalecimiento a las instituciones, la Constitución de 1993 y las alternativas de desarrollo.
Comencemos. Petroperú sale muy mal parado porque ha sido trajinado hasta el exceso por el poder político, lo que lesiona su autonomía. Ha quedado clarísimo que el cambio de ministro de Energía y Minas y el posterior reemplazo del presidente de Petroperú tenían como objetivo que no vuelva a la explotación de petróleo, la actividad más rentable de donde fue expulsada por el fujimorismo.
El pretexto ha sido la Ley 30130, de diciembre del 2013, inspirada por el ministro Castilla y su entonces Jefe de Asesores, Alonso Segura. La ley tenía un candado, el Art. 6, que prohibía a Petroperú contraer deuda alguna, mientras no termine de pagar la Refinería de Talara. Cual crónica de una muerte anunciada, el pasado jueves el candado cumplió su objetivo primigenio: el nuevo Directorio acordó no entrar a los lotes III y IV.
La cuestión de fondo es la voluntad política. Como dijo el ex ministro de Energía, Ing. Juan Incháustegui, si hay algún obstáculo legal este se subsana con otra ley. Sin embargo, sí hubo voluntad política para la Ley 30130 y, también, para que, en la Ley de Presupuesto del 2013 se introdujera un artículo que dice ahora que los directores pueden ser cambiados cuando lo quiera la Junta de Accionistas. Por eso salió Pedro Touzett, que planteaba entrar a los lotes III y IV.
Durante nuestra gestión, el Directorio de Petroperú recibió la oferta de Técnicas Reunidas de España por US $ 2,730 millones para modernizar Talara. Y a fines del 2012 se obtuvo el Lote 64, con 55 millones de barriles de reservas, cedido a título gratuito por Talisman y Hess, que se retiraban del país. Los directorios posteriores continuaron esa política. Muy meritorio. Eso se ha roto ahora, pues la empresa es una presa del poder político. Terrible.
Es más, el Art 2 de la Ley 30130 manda una reingeniería, que recayó en Wood McKenzie. Esta recomienda entrar a los lotes III y IV porque aumenta el valor patrimonial de Petroperú. Dos varas y dos medidas: se acepta el “candado” del Art 6, pero no la recomendación de Wood McKenzie (Art. 2). Que ahora el presidente Velásquez diga que Petroperú aún puede volver al “upstream” es una burla al país.
El fondo es que el MEF no cree en la empresa estatal y destroza la institucionalidad existente. Como no pudo oponerse a Talara, le puso un candado. Pero sí es posible potenciar las empresas públicas, incluso en países con políticas abiertas, como Colombia, Chile y Brasil.
Vale la pena resaltar acá que los problemas de corrupción de Petrobras deben ser investigados y los responsables castigados por la justicia. Pero así como el fraude en que incurrieron las calificadoras de riesgo con los bonos hipotecarios basura en el 2008 (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch), señalada con claridad por Barack Obama (por centenas de miles de millones de dólares), no elimina la necesidad de que éstas existan, lo mismo puede decirse de las estatales petroleras. Agreguemos que la falsificación deliberada de la tasa Libor de Londres por sus propios promotores (que ha castigado a sus promotores con centenas de millones de dólares), tampoco implica que esta tasa desaparezca.
Un hecho positivo es que los opositores de Petroperú no han podido invocar el Art. 60 de la Constitución de 1993 (subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado. Lo que han invocado es que no se cumplió la Ley 30130.
Esto potencia la Iniciativa Legislativa Ciudadana, que ya presentó 65,000 firmas, para que se derogue el Art. 6 de la Ley 30130. También plantea derogar el Art. 3 de la misma ley, que eleva de 20 a 49% las acciones de Petroperú a venderse en Bolsa, una privatización encubierta. Esto ahora se ve más claro, pues una empresa sin producción propia estará sujeta a ser comprada a precios de remate por empresas que sí lo tienen (¿quién será?).
Finalmente, es clave que Petroperú pague sus deudas y consiga el financiamiento restante (el crédito inicial ha sido de US $ 500 millones; faltan US $ 2,230 millones). Se afirma que por eso COFIDE ha tomado Petroperú. Aquí nuestra posición es clara: el “upgrade” financiero que se necesita no es excluyente con entrar al “upstream”. Al revés: explotar petróleo mejora la capacidad de repago de las deudas y que no se haga uso de los US $ 1,000 millones de garantía que pone el Tesoro (Art. 5 de la Ley 30130).
Falta el modelo económico. La presidenta Bachelet al volver al gobierno prometió tres reformas: tributaria, educativa y electoral (para acabar con los remanentes del pinochetismo). Ha cumplido las tres. Lo mismo los gobiernos de Bolivia y Ecuador, que entienden que el camino neoliberal no permite superar la dependencia en las materias primas, optando por su industrialización y el avance hacia la sociedad de la información y del conocimiento.
Los “técnicos” neoliberales nos quieren hacer creer que solo ellos tienen la razón y que esta década de crecimiento es mérito de sus políticas. Nada más lejos de la realidad. En esta década la marea alta levantó a todos los botes. Algunos aprovecharon la oportunidad para diversificarse y avanzar. Eso no pasó aquí. Por eso los años de magro crecimiento que se vienen los tiene cada vez más desesperados y buscando que, otra vez, la minería los saque del problema. Siguen tropezando con la misma piedra, pues no quieren que nada cambie.
Esperemos que no por mucho más tiempo. La Iniciativa Ciudadana y los congresistas que se oponen al atropello total tendrán el apoyo popular.