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Oro sucio: la pista detrás del London Bullion Market

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Un equipo de OjoPúblico recorrió los campamentos de producción de mineral ilegal en Huepetuhe y La Pampa, la mayor zona de deforestación del Perú; navegó los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira en busca de dragas bolivianas y brasileñas; alcanzó las minas en las montañas de la Cordillera del Cóndor en la frontera con Ecuador y viajó hasta las profundidades del Caquetá y el Amazonas, regiones dominadas por las FARC y el narcotráfico en la selva de Colombia. Esta excursión a los centros de la fiebre del oro de cinco países ha permitido identificar a las compañías de EE.UU., Suiza y Emiratos Árabes Unidos que financiaron la extracción de toneladas de oro de procedencia ilícita en Sudamérica.

La selva más rica del sur peruano está atravesada por una cicatriz desértica que da la idea de un planeta a punto de partirse: de un lado está la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, una de las regiones con mayor diversidad biológica del mundo; del otro, el último bosque que debía amortiguar cualquier amenaza exterior. En esa zona media ya no hay árboles, sino troncos caídos; tampoco ríos, sino piedras y tierra con lagunas pestilentes. Le llaman La Pampa, y es el mayor campamento de la minería ilegal del Perú. El epicentro de la fiebre del oro que depredó miles de hectáreas en esta parte de la Amazonía se ubica a pocas horas de la frontera con Bolivia y Brasil, pero a miles de kilómetros de las corporaciones que han recibido el mineral extraído de estos territorios en la última década.

OjoPúblico –luego de viajar a los centros de extracción de mineral en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, acceder a los documentos judiciales y policiales sobre el tráfico ilegal de metal y analizar las exportaciones auríferas salidas de esta región– identificó a los financistas de la fiebre del oro que devastó extensos territorios de Sudamérica en los últimos años: un grupo de compañías de EE.UU., Suiza, Italia y Emiratos Árabes Unidos, asociadas o vinculadas a través de otros grupos empresariales al London Bullion Market Association (Lbma), el gremio que fija el precio del oro a nivel internacional y que concentra a los principales comerciantes de este activo en el mundo.

Estas corporaciones –Metalor Technologies y MKS Finance, de Suiza; Northern Texas Refinery (NTR Metals) y Republic Metals Corporation (RMC), de EE.UU., Italpreziosi de Italia y el grupo Kaloti del emirato de Dubái– además son sospechosas de lavar cientos de toneladas de oro de presunto origen ilegal que han sido enviadas por exportadoras sudamericanas dirigidas por operadores de esta actividad ilícita vinculados al blanqueo de dinero, el crimen organizado y el contrabando transfronterizo de metal.

Las autoridades judiciales del Perú tienen en la mira a las compañías del circuito londinense (que también adquieren oro en Medellín, La Paz y Guayaquil) por los 25 casos penales originados tras la incautación de una tonelada de metal en el Callao entre el 2013 y el 2014, y por otros procesos por lavado de dinero de la minería ilegal. También se investigan los verdaderos capitales de estas corporaciones, sus millonarias transferencias de dinero para comprar oro en zonas de extracción del sur del Perú en los últimos años, así como los contactos que los ejecutivos de estas empresas establecieron con los dueños de las exportadoras en Lima y otros países amazónicos para despachar las cargas de origen ilícito a sus filiales en Miami, Zürich y Roma.

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Esta investigación periodística además retrata las rutas del tráfico de oro ilícito en Sudamérica y profundiza en la responsabilidad de las compañías vinculadas al London Bullion Market –algunas de ellas certificadas como comerciantes de lingotes de alta calidad (good delivery)– en la destrucción de zonas como Huepetuhe y La Pampa en Madre de Dios; del lecho de los ríos bolivianos Pando y Beni, que llegan hasta el Madeira, en la selva brasileña; la selva del Caquetá y los bosques del Chocó en el Pacífico de Colombia, así como en las montañas de Nambija en la frontera con Perú.

Los documentos judiciales sobre las millonarias operaciones revelan que estas corporaciones negociaron la compra de oro amazónico con capos de la minería ilegal, acopiadores del crimen organizado, propietarios de exportadoras fantasmas y testaferros que fingen ser empresarios. Además con traficantes de dinero y socios de casas de cambio, controvertidos inversionistas rusos y chinos, contrabandistas peruanos, bolivianos y brasileños, directivos de empresas en paraísos fiscales del Caribe y hasta personajes investigados por la DEA.

Cuatro de las seis compañías compradoras de oro integran directamente el London Bullion Market; mientras que las otras dos: NTR Metals y Kaloti forman parte de grupos comerciales (la refinería Ohio Precious Metal de EE.UU. y el Dubái Multicommodities Centre, ubicado en dicho emirato) que sí están incluidos en este gremio. Todas centralizaron sus operaciones en Lima en los últimos años, pero además compran a un grupo de exportadoras sospechosas de La Paz, a donde llega el metal del altiplano y la Amazonía boliviana en la frontera con Brasil; de Medellín, ciudad de acopio de mineral de los bosques tropicales colombianos dominados por las FARC; y de la frontera entre Ecuador y Perú.

OjoPúblico conoció que hasta el año pasado, Metalor, Kaloti e Italpreziosi tenían espacios alquilados (los principales en Sudamérica) dentro de la compañía de transporte y custodia de valores Hermes en Chorrillos, a una hora del aeropuerto de Lima. De estas tres, solo la refinería suiza, que figura en expedientes judiciales por la compra de oro sospechoso en Perú desde fines de los ‘90, mantiene su filial al interior de Hermes. Se desconoce si MKS (dueña de la refinería PAMP en Suiza), NTR Metals (que dejó su local en la sede de Prosegur en Surco hace algunos meses) y Republic Metals Corporation tienen oficinas o representantes en la capital peruana.

Los principales impulsores de las incautaciones de oro ilegal del 2013 y 2014, la Procuradora de Lavado de Activos de Perú, Julia Príncipe, y el Intendente Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat), Gustavo Romero, confirmaron que las seis compañías citadas en este reportaje forman parte de las investigaciones fiscales y policiales contra las exportadoras peruanas involucradas en casos de lavado de la minería ilegal.

Engelhard Corp., el origen

La historia del Perú –el mayor productor de oro de Latinoamérica y quinto del ranking mundial– puede retratar el resto de casos en la región. En los años ‘90, la transnacional norteamericana Engelhard Corporation, una de las mayores refinerías del mundo en el siglo pasado, fue la principal compradora de metal ilegal del país. Sin embargo, las operaciones de esta empresa cayeron en el 2000 cuando las autoridades tributarias enjuiciaron a su filial en Lima y a sus proveedores por fraude fiscal (al haber montado una red de compañías de fachada y testaferros) y por contrabando de oro extraído de Ecuador y Bolivia.

Tras la caída de Engelhard, MKS y Metalor enviaron millones de dólares a Lima para comprar toneladas de mineral a un grupo de exportadoras ubicadas en regiones convulsionadas por la extracción aurífera: las principales fueron Universal Metal Trading (UMT, incluida entre las 500 empresas más grandes de Latinoamérica hasta el 2012), AS Perú, E&M Company, Minera Tambopata, Sociedad Minera Rinconada, Minerales del Sur, Corporación Minera Ananea y Titán Contratistas Generales. Todas ellas, entre otras de perfil bajo, son investigadas en algunos de los 25 casos penales originados por las confiscaciones del Callao y en otros procesos por lavado y malos manejos tributarios.

Desde el 2012, Kaloti, NTR Metals y Republic Metals Corporation (que dirigen sus operaciones en Sudamérica desde Florida), junto a Italpreziosi, empezaron a competir con los suizos en la compra de oro. Entre sus proveedores destacaron las compañías de fachada de Pedro Pérez Miranda, llamado ‘Peter Ferrari’, personaje investigado por lavado de dinero; el grupo Darshan International, vinculado a un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes; y los hermanos Sánchez Paredes, de las mineras Comarsa y San Simón, procesados por lavar activos de las drogas. Estas exportadoras, y otras menos conocidas, acopiaban metal y lo guardaban en las bóvedas de Hermes y Prosegur, antes de enviarlo en vuelos comerciales a Miami o Roma.

OjoPúblico estableció que las exportadoras de Perú antes citadas enviaron a compañías de Suiza, Italia, Dubái y EE.UU. más de 180 toneladas de oro entre el 2008 y el 2014, cifra mayor a la producción de Bolivia y Ecuador en esos mismos años y mucho más que la última exportación anual combinada de Brasil y Colombia. En ese lapso, los despachos de Universal Metal Trading –con sedes operativas en las zonas de minería ilegal de la Amazonía de Perú hasta el 2013– solo fueron superados por las mineras de oro más grandes de Sudamérica: Yanacocha (que extrae metal en Cajamarca) y Barrick (en La Libertad y Áncash). El oro de UMT –en gran parte acopiado por el cusqueño Leonardo Callalli, hoy preso y condenado por lavado de dinero de la minería ilegal– llegó directamente a MKS Finance en Ginebra.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) registró que Perú, quinto en el ranking mundial del oro, llegó a producir más de 200 toneladas de metal en el 2005; mientras que la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) reveló que entre el 20 y 25% de los envíos de oro al exterior fueron de procedencia ilegal. Sin embargo, ambas cifras palidecen frente a los hallazgos de este reportaje. Por ejemplo, el 2010 el Minem recogió los informes de los mineros a nivel nacional y reportó una producción de 180 toneladas de mineral; pero realmente salieron del país 330 toneladas. Es decir, el Perú sería el segundo mayor productor del mundo después de China, si se contaran las 150 toneladas exportadas como contrabando.

Sunat incautó 2.14 kilos de oro ilegal con facturas y guías de remisión en blanco

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