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Los senadores de Brasil que decidirán si destituirán definitivamente a la presidenta Dilma Rousseff votarán este miércoles sobre el futuro político de la mandataria, un veredicto que según todos los pronósticos la desplazará del poder de Brasil.

 

Los senadores se encaminaban la noche del martes a una larga jornada de debate que se extenderá hasta la madrugada del miércoles. Debido a ello, el magistrado que preside el juicio político postergó la votación final hasta las 11:00 a.m. del miércoles hora local (09:00 a.m. en el Perú).

 

Muchos de los 81 senadores se anotaron para hablar, por lo que el magistrado presidente Ricardo Lewandowski anunció que la votación no podría llevarse a cabo el martes como estaba planeado originalmente.

Para que se apruebe la destitución, será necesaria una mayoría calificada de dos tercios, equivalente a 54 votos entre los 81 senadores.

Horas antes el martes, la fiscalía y la defensa dieron sus argumentos finales.

“El impeachment es un remedio constitucional al que necesitamos recurrir cuando la situación se revela especialmente grave, y es lo que pasó”, señaló la abogada de la acusación Janaina Paschoal.

“Fue Dios quien hizo que, en el mismo momento, varias personas percibieran lo que sucedía en el país”, añadió esta abogada en sus argumentos para probar que la primera mujer en presidir Brasilvioló la Constitución al manipular las cuentas públicas y que por eso debe dejar la presidencia.

Combativa, serena y por momentos sonriente, la presidenta brasileña se defendió la víspera durante más de 14 horas, en una sesión histórica en la que que reiteró su inocencia y afirmó ser víctima de un “golpe” para reemplazarla hasta fines de 2018.

“No acepten un golpe que en vez de solucionar, agravará la crisis brasileña”, pidió Rousseff al pleno de 81 senadores, convertidos en una especie de Gran Jurado.

“Pido que voten contra el impeachment y en favor de la democracia”, señaló durante la sesión que sacó a la luz todos los problemas que afectan a la sociedad brasileña: una crisis económica galopante y una corrupción endémica.

Todo indica que será otra maratónica sesión este martes, una vez terminados los alegatos de la acusación y la defensa, en manos del exministro de Justicia José Eduardo Cardozo. Luego, se pasará al debate de los, por el momento, 61 senadores inscriptos.

Y a partir de allí, los senadores decidirán este miércoles si Dilma Rousseff es condenada.

Resistir

Rousseff fue suspendida de su cargo el 12 de mayo y asumió de forma interina su exvice Michel Temer. Si todo sale tal como pronosticaron los sondeos, será este político conservador, de 75 años, enemigo acérrimo de Dilma, quien se convertirá en presidente de Brasil.

Para ello, se requiere el voto de 54 senadores.

El “impeachment” probablemente cerrará cuatro ciclos en el poder del emblemático Partido de Trabajadores (PT), referencia regional de la izquierda.

Un final trágico para esta organización nacida en los años 80 por movimientos sindicales liderados por Lula y conocido en el mundo por exitosos programas sociales que lograron a sacar a millones de la pobreza.

Y también para esta ex guerrillera de 68 años, curtida de batallas, que gobierna Brasil desde 2010 y que heredó un país en pleno boom económico, motor de crecimiento en la región.

En esos años dorados, el país fue elegido para celebrar los Juegos Olímpicos de 2016 y la Copa Mundial de Fútbol (2014).

Pero su imagen ha sufrido un fuerte desgaste a la par del deterioro de la economía, el crecimiento brutal del desempleo y la inflación.

Las revelaciones de una trama delictiva en torno a Petrobras, que le costaron a la petrolera más de 2.000 millones de dólares, fueron la gota que derramó el vaso.

Y alcanzaron al PT y a su histórico líder, el expresidente Lula, considerado su padrino político, quien también se encuentra inculpado e investigado por varios casos de corrupción y obstrucción de la justicia.

Dudas sobre el Senado

Los escándalos salpican a toda la clase política y a la élite brasileña, tanto de izquierda como de derecha.

Y en este juicio político emergieron más que nunca las interrogantes sobre la legitimidad que puede tener este Senado para emitir un veredicto, cuando tiene a más de la mitad de sus miembros involucrados o investigados por casos de corrupción.