Rosa María Ortiz, ministra de Energía y Minas, aseveró que el fracaso en la venta de los activos de Doe Run Perú (en donde el Estado peruano es el principal acreedor) estuvo motivado en la “intransigencia” de los trabajadores, quienes pedían que se rebajen los estándares ambientales para lograr postores.
“En el caso de DRP, yo no creo que tenga este gobierno que hacer algún mea culpa. Los trabajadores quieren que se relajen las normas ambientales para que puedan seguir trabajando en la fundición de La Oroya. Para mí sería un retroceso en lo que avanza el mundo en cuidados ambientales”, aseveró.
Reconoció que si bien existen interesados en la fundición como en la mina Cobriza, sería el próximo gobierno el que ya tenga que ver la subasta.
Al respecto, Luis Castillo, representante de las acreencias laborales, recordó que en su informe final el banco de inversión suizo UBS –contratado para que conduzca la subasta internacional en 2015– fue el que recomendó que los Estándares de Calidad Ambiental del Aire, conocidos como ECAS, debían bajar a por lo menos 120 microgramos de SO2 por metro cúbico.
“Eso era el resumen que UBS indicó que era el pedido casi unánime de los postores interesados en cada subasta. Más bien existe responsabilidad en este gobierno que se va por haber colocado tres empresas liquidadoras ineficientes al frente de las subastas”, dijo.
Castillo sostuvo que el actual gobierno ha carecido de voluntad política pues delegó la solución al problema de La Oroya a tres ministros, el mismo viceministro de Minas, para que finalmente recaiga todo en manos de Rosario Patiño, funcionaria pública comisionada exclusivamente para este caso y que representa al MEM en la presidencia de la Junta de Acreedores. “Es una incapaz que al final perjudicó a los trabajadores, a la región centro y al país”, cuestionó.
Recomendaciones
En octubre del 2015 la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso conformó un grupo de trabajo (encabezado por el congresista Federico Pariona) para tratar la problemática en La Oroya respecto a DRP.
Su principal recomendación, luego de oír a todos los involucrados en el caso, es que el Ejecutivo debe evaluar otros mecanismos más efectivos que permitan la adecuación del ECA, en el entorno del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
Ha solicitado, además, al MEM un informe de evaluación de la supervisión que ha realizado a las administradoras Right Business, Profit y Dirige, informes que servirán para que el siguiente parlamento 2016-2021 le haga el seguimiento correspondiente.
“El MEM debe presentar a los trabajadores una propuesta de reconversión ocupacional para los que no continúen trabajando en el CMLO y la Mina Cobriza”, concluye el informe de la comisión parlamentaria.❧
La República