El Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental (ACAFMIRA) de la Presidencia del Consejo de Ministros, Antonio Fernández Jerí, compartió con la viceministra de Minas de Colombia, María Isabel Ulloa Cruz, la experiencia peruana en asuntos relacionados a la formalización minera y erradicación de la minería ilegal.
Fue durante una significativa reunión que ambas autoridades sostuvieron en el marco del trabajo conjunto y binacional que Perú y Colombia realizan en temas de minería ilegal y delitos conexos.
A solicitud de la viceministra colombiana, el Alto Comisionado expuso los avances del Perú respecto al proceso de formalización de la minería y las estrategias de ejecución aplicadas.
En esa línea, resaltó la estrategia peruana referida a la fiscalización y la persecución de la minería ilegal.
Se debe indicar que en el año 2012 se impulsaron en el Perú normas orientadas a la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, así como al fortalecimiento de la fiscalización ambiental y de los hidrocarburos e insumos utilizados para la actividad minera ilegal. Esto se complementó con otras normas que establecieron rutas fiscales para controlar la trazabilidad tanto de los insumos como del producto minero ilegal.
En este punto, se destacó también el importante rol de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en el control y fiscalización de la distribución, el transporte y la comercialización de insumos químicos que pudieran ser utilizados en la minería ilegal.
La viceministra de Minas de Colombia indicó por su parte que en su país están en pleno proceso de elaboración y proposición de normas relacionadas con la fiscalización de la actividad minera dependiendo de su magnitud, como gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería de subsistencia.
Ulloa Cruz expresó también su interés en compartir con nuestro país la experiencia adquirida por el suyo.
Finalmente, se coincidió en la importancia de la parte social que involucra la actividad minera ilegal respecto a delitos conexos, como la trata de personas vinculadas a la explotación sexual o laboral, la realidad del trabajo infantil y la necesidad de actuación binacional conjunta en nuestras fronteras para la protección de esta población vulnerable.
PCM