—Para aplicar la tasa se ha reducido el aporte de regulación que pagan al Osinergmin las empresas de electricidad, de hidrocarburos y minería. OEFA busca recaudar S/. 80 millones.
Un tema pendiente en la transferencia de funciones de supervisión ambiental desde el Osinergmin al OEFA era la creación del aporte de regulación, lo cual recién se definió por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La PCM dispuso que para los años 2014, 2015 y 2016 las empresas de electricidad pagarán una tasa de 0.11% de su facturación mensual, deducido el IGV y el impuesto de promoción municipal.
Para las empresas de importación y producción de hidrocarburos se fijó la tasa en 0.12%, y para el transporte y distribución de hidrocarburos será de 0.15%. La tasa se aplica para el 2014-2016.
En el caso de las empresas de la gran y mediana minería se estableció el aporte en 0.15% desde el 2014, 0.15% en el 2015, y 0.13% en el 2016.
El presidente de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), Hugo Gómez, había adelantado que con el pago de estos aportes su entidad podrá recaudar unos S/. 80 millones al año (Gestión 25.09.2013).
Reducción
Para la creación de esos aportes, el Ejecutivo dispuso reducir los aportes que hacen las empresas al Osinergmin.
Hasta antes del ajuste, las empresas del sector eléctrico pagaban a Osinergmin el 0.65% del valor de la facturación anual.
Pero con la nueva medida, en el 2014 pagarán el 0.50%, en el 2015 será 0.51%, y en el 2016, 0.54%.
Las empresas de importación y producción de combustibles pagaban 0.42%, y mantendrán la tasa en el 2014 pero en el 2015 bajará a 0.38% y al siguiente año será de 0.37%.
En las empresas de transporte de hidrocarburos por ductos se reduce de 0.75% a 0.60% en el 2014, y en las mineras de 0.21% a 0.19% en el 2015.
EN CORTO
Efecto. En algunos casos, el cambio de entidad destinataria de pago para regulación ambiental beneficia a la empresa regulada, pues el pago acumulado será menor.
De otro lado, la falta de pago oportuno del aporte por regulación dará lugar a la aplicación de sanciones e intereses previstos en el Código Tributario.
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