La Sociedad Peruana de Hidrocarburos respalda reorganización de Petroperú y priorización del Oleoducto Norperuano
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) destaca cinco aspectos del decreto legislativo que declara de necesidad pública y de interés nacional la operación segura del Oleoducto Norperuano y dispone la Reorganización y Mejora del gobierno Corporativo de Petroperú.
Mediante el decreto legislativo 1292, el gobierno promete reactivar la operación del Oleoducto Norperuano en el marco de una reforma de la empresa petrolera estatal Petroperú. Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, saludó la norma, de la cual destacó cinco aspectos.
1- Según Cantuarias, la norma otorga facultades y facilidades para la puesta en operación inmediata de la ONP, así como para su reparación. “Tiene más de 40 años y su tecnología está muy desfasada”. La reanudación de la actividad del ducto permitirá el transporte del petróleo de los lotes de la selva, incluidos los operados por la empresa estatal ecuatoriana Petroamazonas. Precisó que la inoperatividad del oleoducto reduce en 15 mil los barriles producidos en el país, que actualmente ascienden a 35 mil.
2- La SPH explicó que el decreto permitirá acelerar el proceso de contratación de empresas tercerizadoras y la compra de terrenos en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara. “Con esta norma se facilita la contratación, acelera los plazos sin tener que seguir los plazos establecidos”.
3- La norma faculta a Petroperú a hacer una reingeniería de sus unidades operativas, mediante la celebración de contratos de asociación, “joint venture”, asociación en participación, prestación de servicios, arrendamiento, gerencia, gestión u otros similares respecto a activos. “De esta manera, sin que se privatice, mantiene las propiedad de sus activos, pero puede entregarlos en gestión para que el sector privado pueda operarlo”, explicó. Al respecto, señaló como ejemplo que la norma permitiría la refinería de petróleo de Iquitos. “Podría generar un contrato para que un tercero haga la inversión y la opere, pero Petroperú mantiene la propiedad. Esta flexibilidad que nos parece muy correcta permite entrar en colaborar con terceros para maximizar la eficiencia de Petroperú”, opinó.
4- Refuerza el buen gobierno corporativo de Petroperú, al incorporar a profesionales independientes al Directorio de la empresa, hoy integrado por funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas y Energía y Minas. “Esto le aporta transparencia. Así se reduce el riesgo de interferencias políticas que puede dañar la estrategia de largo plazo”, indicó. Añadió que la norma exige un gobierno corporativo de mayores estándares, que aportará asimismo transparencia a los procesos de compras y adquisiciones y mejorará la percepción en los niveles de corrupción. “Bien ejecutado, reduciría los riesgos de corrupción. Es una medida importante, porque Petroperú siendo una sociedad abierta es importante que transparente los gastos”, dijo.
5- Por último, resaltó que de manera excepcional la norma faculte a la petrolera estatal a financiar proyectos de inversión pública en el marco del mecanismo de obras por impuestos en beneficio de las comunidades de las zonas en las que opera. Uno de los grande déficit era tener programas de desarrollo social para estar más cerca de las comunidades”, sostuvo.
Pese a que calificó como positiva la norma en general, manifestó que el gremio “sigue a la expectativa” de dos medidas. Por un lado, la aprobación de la creación del viceministerio de Hidrocarburos, lo que permitiría al sector “contar con un interlocutor válido en el gobierno”. Por otro, la revisión del sistema de regalías en la industria de hidrocarburos y la creación de una ley de inversión privada en hidrocarburos.
Al respecto, Cantuarias enfatizó que la situación del sector es “crítica”. “Este año no hubo ninguna inversión en exploración. Además, de los 57 contratos que tiene Perupetro, 28 están paralizado por fuerza mayor o están en stand-by”. “O se hace una reforma urgente del sector, o en los próximos años nos vamos a convertir en importadores netos de combustible”, sentenció.
El Comercio