En el Gasoducto Sur Peruano (GSP), ya se han invertido cerca de US$ 1.500 millones y tiene un avance del 31%. Pero desde hace unos meses las obras del GSP están paralizadas en la búsqueda de nuevos socios que compren las acciones de Odebrecht. Mientras tanto, las familias continúan pagando en sus recibos de luz eléctrica por el concepto de “Afianzamiento de seguridad energética”, un monto que oscila entre S/ 2 y S/ 3 y que se destina para financiar la construcción de los ductos que llevarán el gas natural a las regiones del Sur del país.
Dicho cobro se realiza por medio de la “Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el Sur del país, en lo referente al gasoducto y poliducto de seguridad y del Gasoducto Sur Peruano” ( N°29970).
Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), explicó que este cargo se cobra a todos los usuarios de energía desde enero del 2015 y estimó que, por los cobros en los recibos de luz, se abonará US$ 9 mil millones por 30 años.
En tanto, el especialista en temas energéticos Rafael Laca consideró que el proyecto tiene que ser revisado totalmente, incluido el subsidio.
Opinó que para que el proyecto sea viable se debe exportar energía a Chile, y los peruanos no pueden subsidiar algo que no los beneficiará.
Sobre el particular, Humberto Campodónico, ex presidente de Petroperú, explicó que los usuarios contribuyen para pagar la construcción del ducto, porque luego, cuando el gas llegue, las tarifas eléctricas bajarán. “Es el mismo esquema que se usó para el gasoducto de Camisea a Lima. ¿Por qué lo bueno para Lima no lo es para el sur del Perú? No hay razón”, sostuvo.
“En el caso del GSP hay un ingreso mínimo garantizado de 500 millones de pies cúbicos diarios. Si no se alcanza este nivel el Estado tendrá que cubrir la diferencia y quienes se oponen al GSP dicen que se tendrá que pagar una cantidad muy alta. Pero lo cierto es que actualmente la demanda del Nodo Energético del Sur (centrales térmicas en Arequipa y Moquegua) está en 400 millones de pies cúbicos diarios –el 80% del total–. Y hay demanda adicional de empresas mineras e industrias”, dijo.
Campodonico anotó que el contrato se suscribió en junio del 2014, y 20 meses después se debe contar con el financiamiento de US$ 4 mil millones para construir el gasoducto. El plazo que tiene Odebrecht para vender su participación vence en enero de este año.
No obstante fuentes del ejecutivo expresaron su disconformidad a transferir la obra dado que fue obtenida de forma fraudulenta, al haberse pagado soborno por la misma, y porque existen indicios de que ha sido sobrevaluada. Una transferencia del contrato sin limpiar sus vicios ocultos equivaldría a un “lavado de contrato”
Andina