Trece conflictos sociales son los que deberá afrontar el electo presidente regional de Piura, Reynaldo Hilbck Guzmán, cuando asuma el cargo en enero. El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Piura, César Orrego Azula, recordó que lo más importante para las nuevas autoridades es priorizar el diálogo con las comunidades donde ya se han presentado actos de violencia por estos conflictos sociales.
Destacó el caso de la minera Río Blanco en Huancabamba y la empresa Vale en Sechura, temas que serán alcanzados por la Defensoría del Pueblo al nuevo presidente en enero, para buscar la creación de mecanismos de diálogo y paz.
Según el portal de la Defensoría del Pueblo, en la región Piura a agosto de 2014 son 13 los conflictos sociales presentes, tres suceden por asuntos del gobierno local, uno por asuntos del gobierno nacional, uno es competencia del gobierno regional, dos suceden por cuestiones laborales, y la mayoría de los conflictos (seis) suceden por cuestiones socio-ambientales. De ellos diez han sido calificados como activos, y tres en estado latente.
Para Orrego, no se necesita ser autoridad para preocuparse por estos problemas, pues todo ciudadano está en la obligación de buscar vehículos de diálogo y paz en la comunidad, y toda autoridad debe estar preparada para administrar y gestionar bien los conflictos.
“Como ciudadanos tienen que preocuparse por la paz, y cuando se llega a ser autoridad, una de las principales obligaciones debe ser encontrar la paz en su comunidad”, expresó el funcionario.
Por ello, Orrego comenta que desde la presidencia regional se debe conocer cuántos son los conflictos existentes y desarrollar un plan de acciones para escuchar a la parte que está reclamando. “Detrás de las protestas siempre hay un derecho básico que se está reclamando, y allí se puede plantear una mesa de diálogo, o un mecanismo para que ese conflicto pueda ser bien gestionado y se resuelva”, enfatizó.
En la evaluación del pacto político de gobernabilidad 2011 -2014, elaborado por el economista Miguel Zapata Zapata, se concluye que el gobierno regional, si bien modificó su Reglamento de Organización y Funciones para crear la Oficina Regional de Lucha Contra la Corrupción (OR Nº 222–2011 /GRO – CR del 17 OCT 2011), no cuenta con un equipo de profesionales especialistas en manejo de conflictos y carece en su estructura orgánica funcional del órgano interno que facilite la concertación de intereses para la explotación sostenible de recursos naturales (gestión de conflictos).
Zapata coincide en que los conflictos socioambientales son los más frecuentes. “Si bien se redujeron drásticamente el año 2011, repuntaron en el 2012 y 2013. Es el caso de la minería informal, proyecto minero Río Blanco, empresa Savia – Marisqueros de Sechura y contaminación del Río Chira”, se puede leer en el documento.
La Defensoría del Pueblo señala –por ejemplo- como conflicto latente, al existente en el distrito de Pariñas (Talara), donde la deficiente prestación de los servicios de agua potable y de alcantarillado por parte de EPS Grau S.A. afecta la salud de la población. Por eso Miguel Zapata concluye que Talara es la provincia donde se presentan con mayor frecuencia los conflictos; sin embargo se percibe una disminución.
En tanto en el gobierno regional, desde la Gerencia de Recursos Naturales se busca conformar el Sistema Regional Descentralizado de Prevención y Diálogo, conformado por la Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad.