Resueltos. Comuneros kichwas, hombres y mujeres, permanecen día y noche en el río Tigre para evitar el tráfico naviero. (Foto: La República)

Resueltos. Comuneros kichwas, hombres y mujeres, permanecen día y noche en el río Tigre para evitar el tráfico naviero. (Foto: La República)

Presión. Mantienen retenidas ocho embarcaciones y afirman que no desistirán hasta que lleguen a la zona comisionados del Estado y principales ejecutivos de la empresa Pluspetrol.

Elízabeth Prado

A casi un mes de iniciada su huelga para exigir la atención de sus demandas, los kichwasde 25 comunidades de la cuenca del río Tigre, región Loreto, afirman que mantendrán cerrado el tráfico en esta importante vía fluvial hasta que llegue una comisión de alto nivel del gobierno y también ejecutivos con poder de decisión de la empresa Pluspetrol, a fin de dar solución al antiguo conflicto socioambiental que enfrentan.

Los manifestantes mantienen retenidas ocho embarcaciones. Seis de ellas pertenecen a particulares y las dos restantes transportan alimentos, maquinaria e insumos para las operaciones de la petrolera.

El dirigente José Fachín informó que los comuneros exigen a Pluspetrol y al Estado el cumplimiento de las obligaciones que tienen con la población y respeto a sus derechos. Piden el pago justo por el uso de sus tierras para la explotación hidrocarburífera y una indemnización por los impactos ambientales ocasionados tras 43 años de actividad petrolera.

Miler López, coordinador del Frente Urbano Indígena Amazónico, dijo que la población kichwa no acepta que el diálogo sea en Iquitos, sino en el propio distrito de El Tigre. 

Diez días atrás, una comisión multisectorial del gobierno se reunió en la capital loretana con representantes de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes Marañón, a fin de consolidar acuerdos y propuestas. Pero no hubo coincidencia en los temas de titulación y pago por uso de tierras.

La protesta de los nativos del río Tigre se está dando al mismo tiempo que la de los  indígenas de la cuenca del Corrientes, quienes han paralizado la batería Jibarito de Pluspetrol, además de haber cerrado catorce pozos petroleros. Sus demandas son similares.
Pluspetrol considera que el pago por servidumbre de uso de tierras no corresponde a las comunidades alzadas porque no están dentro del área de influencia de la empresa.

Ante las medidas de fuerza, la Presidencia del Consejo de Ministros indicó, a través de un pronunciamiento, que el 27 de enero llegó a la zona un comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad para exhortarlos a deponer sus acciones y canalizar sus demandas en un ambiente de paz.

El comunicado de la PCM también indica que continúan las reuniones con los asesores de los indígenas, en las cuales se ven temas como titulación y remediación ambiental.

La República