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Por nueva Ley de Minería

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Rómulo Mucho, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Rómulo Mucho, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

La ley 29785 de Consulta Previa, debe convertirse en un factor clave para el éxito de la política de inclusión social, sostuvo el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Rómulo Mucho.

El minero aprovechó el I Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, para expresar que la norma es una estrategia de inclusión social pero con algunos vacíos y que la obligación proviene de los tratados internacionales”.

Todo menos diamantes

Mucho consideró que la contaminación por la actividad minera puede superarse con la tecnología especializada y lamentó que en las comunidades prevalezcan las creencias ante la evidencia de la ciencia, sobre la contaminación derivada de un proyecto minero.

“Aunque exista prueba científica que una minera no contamina, las creencias de quienes piensan que sí, parecen ser más sólidas, deploró.

Agregó que un conflicto social bien canalizado, debe retroalimentar ideas creativas para tomar decisiones.

De otro lado, acusó que los pasivos ambientales, son otra causa del porqué la gente de las comunidades no quiere a la minería, pese a que hay una variedad de yacimientos, excepto de diamantes. “Hay mucho terreno para explorar y podemos encontrar grandes sorpresas”, puntualizó.

Fraude y corrupción

El presidente del IIMP opinó que se precisa una nueva Ley General de Minería, pues la actual ya cumplió con su cometido y se requiere elevar los estándares de la participación y consulta a la población “para que los Estudios de Impacto Ambiental sean creíbles”.

Señaló que según Ernst & Young la industria minera adolece de personal calificado para construir proyectos, como es el caso de Perú, por lo que hay que traer parte de ellos del exterior, añadió.

Añadió que otras falencias son el déficit en infraestructura, que se estima en 45 mil millones dólares, las trabas para obtener la licencia social para operar, la volatilidad de precios de los commodities y monedas, abastecimiento de equipos e insumos; y fraude y corrupción.

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