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(Por Pedro Pablo Kuckzynski*) La minería informal crece en importancia a pesar de los esfuerzos del gobierno actual para controlarla y reducirla. Hay un debate público importante entre el Gobierno y Hernando de Soto sobre qué hacer. ¿Cuáles son los hechos?

El primer y muy importante hecho es que la informalidad en el Perú crece porque no hay suficiente oferta de trabajo formal. Más del 60% de los trabajadores son informales y no tienen beneficios. Entre las varias razones que están detrás de este triste hecho está una decisión de varios años atrás del Tribunal Constitucional que limita seriamente los despidos por razones económicas. Por esa razón, muchas empresas prefieren contratos temporales y tratan de evitar pagar beneficios.

El otro gran factor importante es que la mayoría de las empresas en el Perú son informales porque les es muy difícil formalizarse por razones tributarias: el nivel y la complicación de los tributos y las posibles consecuencias negativas de incorporarse al sistema formal desalientan a las empresas pequeñas, aún si se dan cuenta que sin formalización no tendrán acceso al sistema crediticio y bancario.

En minería el fenómeno ha sido exacerbado en los últimos años por el alza inusitada del precio internacional del oro que llegó hace dos años hasta casi $2000 la onza de oro fino en comparación con unos $300 hace siete u ocho años. Esa alza promovió mucha minería informal inicialmente en Madre de Dios, y luego en Áncash, Piura, Puno, Amazonas y Arequipa, entre otros. Se estima que solo en Madre de Dios hay 600 kilómetros cuadrados deforestados y contaminados a raíz del auge de la minería informal. El Fisco cree que se exporta alrededor de $2500 millones de oro ilegal al año, con pérdidas tributarias para el Gobierno de por lo menos $250 millones anuales. Y no hay duda de la contaminación que causa la minería ilegal.

Para enfrentar el problema, el Gobierno en el año 2012, con autorización del Congreso, emitió nueve decretos para parar la minería ilegal a través de la fuerza y del control de los insumos químicos, combustibles y de los canales de venta. Pero, como dice Hernando de Soto, no se ha logrado formalizar un número importante de mineros informales. Al final, todos tienen razón en el sentido que, como lo dice Hernando de Soto, los mineros deberían tener títulos, pero como también lo dice el Ministro del Ambiente, hay una catástrofe ambiental en marcha. Y, como se está viendo en Colombia, los narcotraficantes ven en la minería ilegal una gran oportunidad. En Colombia, más de la mitad de la producción de oro es ilegal. En el Perú, la producción de oro informal se está acercando al 20% del total, cifra que es preocupante.

Entonces, ¿qué debemos hacer? Como es consabido, sin instituciones fuertes no se puede lograr el progreso económico y las oportunidades de trabajo. El Gobierno creó un ente llamado Activos Mineros para enfrentar la organización económica del problema, pero esta entidad es pequeña. Y el Ministerio del Ambiente no tiene los recursos suficientes. Y mientras tanto muchos siguen buscando trabajo y actividades remunerativas sin encontrarlas. Tenemos que crear una institución que tenga los recursos y la capacidad para ofrecerle a los mineros informales una alternativa que sea atractiva, reemplazando a los habilitadores y financiadores informales, quienes obviamente no tienen ningún control ambiental ni tributario.

Pensamos que hay que volver a discutir la idea de un banco de fomento minero, como existió décadas atrás, el cual en 1981-82 (yo era ministro del ramo) logró salvar a la pequeña y mediana minería en el Perú, que hoy estaría muy disminuida si no hubiéramos implementado el Fondo de Compensación Minera en medio de la crisis que nos azotó en los mercados internacionales de minerales a partir de 1981-82. Por supuesto, esta vez una nueva institución tiene que reflejar la realidad de hoy: inversión parcialmente privada y controles ambientales modernos, cosas que no existían en ese momento. El nuevo banco minero podría financiar una operación de control ambiental y podría ofrecerles a los mineros informales precios y asistencia técnica de mucho mayor nivel que lo que pueden

ofrecer los habilitadores informales. Repito, sin instituciones no se pueden hacer cambios profundos. Debemos sentarnos y convocar una discusión sobre este tema; de otra manera, el azote de la pobreza y la informalidad seguirá siendo una maldición, como estamos viendo en otros países vecinos.

Diario Correo