Foto: Captura de internet
El jueves 31 de marzo se presentará en Lima la publicación: Estudio sobre la actuación de las empresas petroleras Perenco en el lote 67 y Maurel et Prom-Pacific Rubiales Energy en el lote 116, editado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y CooperAcción.
El acto se inicia a las 9 de la mañana en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya que se ubica en la avenida Paso de los Andes 970, distrito de Pueblo Libre.
El lote 67 está ubicado en la región Loreto y el lote 116 en Amazonas. El estudio busca establecer los impactos y riesgos sociales, culturales y ambientales que se dan en ambos espacios en el marco de las políticas y el modelo de desarrollo que implementa el actual gobierno en la Amazonía peruana.
Los comentarios a la publicación estarán a cargo del líder del pueblo Wampis Wrays Pérez, el antropólogo Ismael Vega, el abogado Richard O’Diana, ambos del CAAAP, y José de Echave, de CooperAcción.
La Amazonía es un ecosistema de relevancia global debido a su megadiversidad y a la riqueza cultural que conservan los pueblos y comunidades que la habitan. Además, sus bosques ayudan en la lucha contra el cambio climático causado en gran parte por el hombre.
Según recuerdan los organizadores, en el Perú los pueblos indígenas de la selva viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, a pesar de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. No obstante, se siguen promoviendo inversiones relacionadas con la extracción de recursos naturales en los territorios ancestrales de estos pueblos.
Esta situación provoca un proceso de degradación ambiental que genera impactos sustantivos, señalan.
Estos se visibilizan en una mayor deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación de los territorios, afectación de los derechos de pueblos indígenas, mayor incidencia de enfermedades, agudización de conflictos sociales, cambios radicales en la economía local y el aumento en la vulnerabilidad climática.
En ese sentido, la publicación resulta de vital importancia debido a que conducirá a la implementación de acciones y procesos de incidencia política dirigidos a los gobiernos de Perú, Francia y Canadá, países que son sede de las citadas empresas.
Con estas acciones se busca mejorar las regulaciones en materia de derechos de pueblos indígenas y responsabilidad social y ambiental de las empresas petroleras.
De igual modo se busca favorecer la implementación de procesos de consulta que cumplan con los estándares sociales y ambientales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia internacional, la Ley de Consulta N° 29785 y su reglamento.
Fuente: SERVINDI