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Foto: La República

Tensión. La Fiscalía de Wanchaq solicitó 9 meses de prisión preventiva para el expresidente regional por presunta sobrevaluación de obras y otras irregularidades en su gestión.

Zaida Tacsi.

Cusco.

La mala racha para Jorge Acurio Tito, expresidente del Gobierno Regional del Cusco, no cesa. Tras haber sido sentenciado en 2013 y suspendido de su mandato, ahora podría ir a prisión por las presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de obras  durante su gestión.

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq, solicitó prisión preventiva de nueve meses para el exmandatario regional por el delito de peculado y colusión. La solicitud fue presentada ayer ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco.

Según la fiscalía, presidida por Anai Castro Prieto Farfán, la gestión de Acurio Tito habría cometido sobrevaluación y una serie de irregularidades en el “Mantenimiento de los Proyectos de Impacto Regional y Local de Infraestructura básica”.

Se habría direccionado, sobrevaluado, además de una serie de anomalías (gastos sin sustento, empresas fantasmas, etc.), en alrededor de 10 obras entre las que se encuentra la construcción del comedor de la sede central de la entidad regional, el mantenimiento integral del cerco perimétrico del Estadio Garcilaso, trabajos en la pista de combate y accesos a la Quinta Brigada de Montaña, el mantenimiento de la infraestructura del Consejo Regional de la avenida de La Cultura, de la Vía Expresa primer tramo, de la Institución Educativa Mariscal Gamarra, entre otras.

El requerimiento fiscal solicita también prisión preventiva para exfuncionarios y personajes involucrados en las licitaciones como Irina Montero Flores, Américo Montañez Tupayachi, Mario Cárdenas Huamán, Miguel Ángel Landa Arroyo, César Gil Ochoa, Max Pozo Ugarte y Rurick Díaz Borda.

El presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, José Manuel Mayorga, indicó que según el informe de la fiscal, el proceso cumple los criterios que fundamentan una prisión preventiva: suficientes elementos de convicción que prueban los delitos, que las penas para los delitos por los que se les acusa superan los cuatro años y el posible riesgo procesal.  

La República