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ProInversión conducirá los procesos de negociación de adendas

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Foto: Andina

ProInversión ya cuenta con el marco legal completo para promover la inversión privada vía asociaciones público-privadas (APP). Los ojos están puestos en esta entidad, pues potenciarla y volverla más eficiente ha sido una de las principales promesas del Gobierno para dinamizar las inversiones en el país.

¿Cuál considera que es la medida más importante que permitirá la agilización de los procesos y mejora de la calidad de los proyectos?

El reglamento y el decreto legislativo 1251 ordenan el sistema. Eso es lo más importante. Ordenan quién hace qué, en qué tiempos, en qué secuencias.

En ese sentido, Pro Inversión tiene un rol más protagónico y tiene más funciones y competencias, ¿cómo lo afrontará logísticamente?
Hay un plazo de 240 días, a partir de hoy [ayer], en los que se declara la reestructuración de Pro Inversión para poder permitir reforzarla. Esto se hará desde el punto de vista de organizarla internamente. Vamos a revisar todos los procesos e incorporar nuevo talento.

Eso es ocho meses, es decir, a fin de año.

Es el plazo máximo. Tenemos un cronograma que venimos trabajando las cosas desde antes en que ya haremos algunos cambios inmediatos.

¿Cómo cuáles? 

Empezaremos a crear algunas direcciones especiales para estructuración de proyectos. la idea es tener varias direcciones especiales de manera que podamos tener una mejor capacidad en la parte de estructuración de APP.

Un tema clave también es el cambio hecho para el caso de adendas en los tres primeros años. Se ha eliminado la posibilidad de hacerlo por fines de cierre financiero. ¿Cuál era el problema con esto?

Las adendas por cierre financiero en las APP en realidad no debieran ser necesarias si los contratos están bien hechos y si los estudios son lo suficientemente sólidos. En el caso del Perú se habían vuelto ya una práctica regular. Todas las APP pasaban prácticamente por una adenda de bancabilidad; lo cual en el fondo refleja que había cosas por ajustar y que se debieron definir antes de entregar el contrato.

Pro Inversión ahora participará en las renegociaciones de estos. ¿En qué consiste esta nueva función?

Pro Inversión tendrá el rol de conducir los procesos de negociación para las adendas. Al final será el sector –el concedente— el que apruebe la adenda, pero Pro Inversión tendrá que dar opinión sobre esta. Esto es un incentivo para nosotros al momento de hacer los contratos: tener toda la motivación del caso para evitar adendas por situaciones que no se puedan haber previsto al momento de la firma de los contratos. Y también, por otro lado, para los casos en los que sí sea necesario, quien estructuró el contrato esté involucrado de manera que se puedan tomar en cuenta todos los criterios que se llevaron a la mesa al momento de estructurar el contrato.

También Pro Inversión podrá contratar un seguro para evitar que la inacción de los funcionarios por temor a sanciones posteriores obstruya los procesos.

Ya en la legislación existe el mandato de que Pro Inversión cubra los costos para los casos de defensa de los funcionarios que tengan algún procedimiento [sancionatorio] penal o administrativo. Ahora se establece la posibilidad de contratar un seguro. Hoy se cubre con gastos regulares.

También se ha permitido el uso de nuevos instrumentos financieros para las inversiones.

El sistema que tenemos está muy basado en pagos con garantías soberanas. Esto de por sí crea una limitación por el lado fiscal en caso se llegue a un programa sustancial de APP. Entonces, se tiene que buscar mecanismos por los cuales sean menos necesarios esos pagos garantizados 100% por el Estado, pero para poder trasladar ese riesgo de financiamiento es también necesario crear instrumentos que puedan los proponentes y concesionarios tomar para hacer frente a esos riesgos de financiamiento. Por ejemplo, garantías: hay muchos países donde se ofrecen mecanismos de garantías para poder absorber esos riesgos.

Uno de los retos del sistema era lograr que participen más y nuevos postores. ¿Cómo se logrará esto con el nuevo marco legal?

El marco en sí ya da una seguridad mayor para los inversionistas que están participando en procesos de APP en otros países más desarrollados; sobre todo, para aquellos que son inversionistas en concesiones, que están acostumbrados a marcos legales e institucionales muy parecidos al peruano.

Más allá del marco regulatorio, está el problema de la demora en la entrega de terrenos para la ejecución de las obras. ¿Cómo se resolverá esto?

Se establece que el concedente tiene que haber un trabajo de mapeo y liberación de terrenos previo al inicio del proceso de concesión; para poder entregar los contratos con un avance relativamente significativo que permita que las obras comiencen en el momento en el que ya están firmados todos los contratos.

¿Qué medidas se han adoptado para que más iniciativas privadas cofinanciadas (IPC) sean presentadas y se puedan ejecutar?

Dos muy importantes. Primero, se determina que el Ministerio de Economía y Finanzas determina qué porcentaje de cofinanciamiento puede existir. Segundo, el planeamiento. Los sectores y los gobiernos subnacionales tienen que trabajar en planes multianuales de tres años. Es decir, tienen que incorporar ahí cuáles son sus necesidades de APP. Todo lo que no esté ahí no será incorporado ni recibido dentro del plan de la promoción de la inversión privada. Y eso se agrega a un plan nacional de infraestructura. Esto dará una señal muy clara a los inversionistas desde el inicio en qué áreas podría haber interés en las IPC.

¿Cómo todo esto calza con las necesidades que se tendrán de reconstruir el país luego de las lluvias?

Uno de los pilares del cambio es tener más eficiencia. Y eso es fundamental para poder manejar los procesos.

¿Entonces, Pro Inversión sí tendrá la capacidad de responder las solicitudes de obras por impuestos (OxI), que es un mecanismo que busca fomentar el Gobierno para la reconstrucción?

Sí.

¿Tienen algún estimado de cuánto se agregaría a los S/1.600 millones que ha estimado el Gobierno sobre la inversión vía OxI?

No todavía. Estamos conversando con algunas empresas sobre cómo van a enfocar sus planes de inversión. Algunas tenían planes de en otras zonas [no afectadas] y que de repente migrarán a las zonas de reconstrucción. Entonces, no solamente se revisarán cifras sino el enfoque y en qué zonas.

¿Cuándo se podrá comenzar a medir los resultados de los cambios hechos? Por ejemplo, los postores en el próximo proceso de concesión.

Ese es un buen indicador. Esperamos tener un buen grupo de postores en cada operación que vaya saliendo. Lo segundo es que a los indicadores típicos que se ven de volumen, se agregará indicadores de seguimiento, de tiempos en los procesos. Esto tiene que ser una práctica regular.

Actualmente se demoran alrededor de dos años en iniciar las obras luego de la firma del contrato de concesión. ¿Cuánto se reduciría?
Se puede reducir perfectamente a seis meses, si es que se ha avanzado bien en la fase previa a la adjudicación con la liberación de terrenos, por ejemplo; con contratos que no requieran adenda de bancabilidad, todos son temas que confluyen.

 

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