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Proceso de liquidación de activos de Doe Run Perú sigue en la incertidumbre

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Preocupante. Pese a que el Estado encabeza la Junta de Acreedores, los avances son nulos. Su fuerza laboral, responsable de generar US$ 876 millones, reclama transparencia en el proceso.

DRP está desde hace seis años en proceso de liquidación con dos de sus activos: Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza. .

Un hecho que causó cierta tranquilidad en el proceso de  licitación de los activos de Doe Run Perú (DRP) es que la presidencia de la Junta de Acreedores recayó sobre el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, sin embargo a la fecha existe incertidumbre sobre distintos puntos.
El viernes 18 de setiembre  (hace un mes exactamente) los acreedores eligieron a Rosario Patiño (representante del MEM) como presidenta de la Junta y a la parte laboral en la vicepresidencia.
Son justamente estos últimos quienes denuncian que la presidenta no ha mostrado el interés ni le ha dado la prioridad necesaria al tema. Un ejemplo concreto, a la fecha no se elige a la empresa que estará a cargo de la liquidación en marcha (liquidador) ni tampoco se tiene el convenio de liquidación. Según se ha informado, estos dos temas deben absolverse en la Junta del próximo 27 de octubre.
“Lo que se quiere en el fondo es mandarnos (a los trabajadores) a nuestra casa, sin pago ni nada. Eso bajo ningún criterio lo vamos a aceptar”, advirtió, Luis Castillo, representante de los acreedores laborales.
Según se pudo conocer que  existen propuestas de algunos liquidadores, se habla de cuatro firmes contendientes, de vender la mina Cobriza para saldar las deudas con los acreedores mineros.
“Pero por encima de ello nos preocupa la dejadez y falta de seriedad en este proceso. Además, el vocabulario de que se respeten los derechos de los trabajadores ya va cambiando. Se menciona que no se podrá, que la situación no está para eso”, advirtió Castillo.
Se debe precisar que indefectiblemente en febrero del 2016 debe realizarse la subasta de los activos de DRP (Complejo Metalúrgico de La Oroya y Cobriza), luego de haberse modificado la Ley Concursal.
Se calcula que en los últimos 6 años el Estado ha perdido por la para, fundamentalmente de la unidad de cobre, cerca de US$ 4 mil millones. Asimismo, se estima que por este motivo en los próximos cinco meses, hasta la realización de la subasta, la pérdida será de unos US$ 250 millones.

Hechos de atención

Un caso que llama la atención son los seguros que deben existir en la empresa DRP ya sea contra robos, hechos fortuitos, entre otros. De acuerdo con el convenio de liquidación que rige hasta hoy, debe haber un nuevo contrato (el actual vence a fin de mes) sobre este tema  que debe presentarse a la junta de acreedores.
Los trabajadores advierten que esto se viene haciendo internamente, sin la transparencia del caso cuando lo correcto sería una licitación. Lo que está en juego, el costo del seguro, trasciende alcanza los US$ US$ 2,5 millones que cubre hasta por US$ 1.500 los activos de la empresa.
Un tema que hasta hoy tampoco repara el Estado es que entre el 2012 y agosto 2015 la fuerza laboral de DRP ha generado unos US$ 876 millones  es decir casi S/. 3 mil millones.

Lo que viene de parte de los trabajadores

En la asamblea conjunta de trabajadores realizada en La Oroya, el jueves 15 de octubre último, se tomaron acuerdos como una medida de fuerza si la administradora o la Junta no aprueba un convenio de liquidación acorde al derecho de los trabajadores.
Asimismo, se enviarán cartas a los congresistas de la región y demás autoridades regionales. También se harán planillones de todos los trabajadores que asisten y así identificar a los que no asisten.
Se acordó no ir a Lima ni a dialogar ni en protesta, solo en La Oroya; así como enviar una comisión a Cobriza para buscar la unidad. Los trabajadores aseguran que estarán atentos a los informes de Lima y en caso se informe una situación negativa se empezará una paralización.
En agosto 2015 fracasó la subasta de los activos de DRP al declararse desierta debido a los elevados estándares medioambientales.
La República
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