refineria talara

El 2 de agosto próximo, los terminales de almacenamiento norte, centro y sur, propiedad de Petroperú, tendrán por 20 años un nuevo operador de acuerdo con el proceso de licitación convocado por la misma empresa petrolera. Sin embargo, esto podría frustrarse de prosperar una iniciativa legislativa que apuntaría a que estas unidades regresen a manos de la petrolera estatal.

Manuel Dammert, congresista de la bancada Acción Popular-Frentre Amplio, presentará hoy en la Comisión de Energía Minas un proyecto que declara de necesidad nacional e interés público el retorno de los terminales a Petroperú y que sea esta quien decida si opera o busca un administrador. De aprobarse este proyecto pasaría con carácter de urgencia a ser debatido en el Pleno del Congreso.

El legislador explica que esto iría de la mano con la aprobación de la suscripción del contrato para la ejecución del Proyecto Modernización de Refinería Talara (PMRT),que se firmó el pasado viernes 23 de mayo, por lo que los terminales serían más que necesarios ya que habrá mayor cantidad y calidad de combustibles para todo el país.

“Hoy en la práctica los terminales están entregados a un monopolio. Por ello plantearé que se haga una investigación para conocer cómo se han manejado estas unidades y por qué se hace la convocatoria, debido a que no va en línea con la política y la necesidad del PMRT. Además, pediré que se suspenda la convocatoria”, aseveró.

TÉRMINOS JUSTOS

Humberto Campodónico, ex presidente de Petroperú, recuerda que durante su gestión se analizaron dos propuestas sobre el tema. La primera era que los terminales vuelvan a manos de la estatal por las fuertes pérdidas que le habían generado los contratos firmados durante el proceso de privatización en la década de los noventa.

La segunda opción, detalla, era una licitación siempre y cuando las bases condujeran a que Petroperú no perdiera sino, por el contrario gane, dinero. Precisa que se descartó por completo la figura de una renovación con los mismos operadores que vienen desde 1997.

Campodónico asegura que si bien los terminales de almacenamiento (ubicados en Eten, Salaverry, Chimbote y Supe, en el norte del país, Callao en el centro y Pisco, Ilo, Mollendo, Cusco y Juliaca en el sur del Perú) deben volver a Petroperú, necesitan ser administrados de manera transparente con el objetivo de que tengan una tarifa competitiva acorde con los estándares internacionales que le genere ganancias a la petrolera y que no perjudique a terceros.

“Los terminales no solo tienen combustibles de Petroperú sino de otras empresas. Con un manejo transparente se descarta que la estatal sea juez y parte. La tarifa debe reflejar el costo del servicio y una ganancia adecuada sin perjuicio a terceros. No como con los contratos anteriores en donde se nos pagaba una tarifa mínima y pagábamos más por almacenar”, exhortó.

OJO CON LOS POLIDUCTOS

Campodónico advierte que a la fecha se desconoce sobre el proyecto de ductos para transportar combustibles líquidos que Petroperú tenía contemplado.

El experto detalló que las condiciones de nuestro mar muchas veces hacen que no se pueda descargar todo el combustible que se produce internamente y el que se importa.

“Con este proyecto habría un ahorro de dinero importante con los fletes que hoy se pagan a la Marina mercante. Petroperú tiene contemplada, pero no ejecutada esta inversión”, señaló.❧

REYES RECIBIRÁ A TRABAJADORES

Juan Castillo More, presidente de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, adelantó que hoy o mañana se reunirán con la alta dirección de Petroperú, entre ellos el presidente del directorio Héctor Reyes, para hacerles llegar su preocupación por la licitación de los terminales.

Recuerda que al asumir Eleodoro Mayorga el despacho de Energía y Minas (MEM) se comprometió a realizar una auditoría a las instalaciones de los terminales.

Pocas semanas después en la página web de Petroperú se hizo público que el 19 de marzo se convoca a licitación los terminales de almacenamiento del país.

CIFRAS

US$ 300 millones es el déficit generado al Estado por la administración de privados de los terminales de almacenamiento del norte, centro y sur entre 1998 y 2012.

La República