Artículo escrito por Beatríz Salazar(1) para La Revista Agraria

En LRA 159(2) cuestionamos que el Gobierno declarara 2014 como Año de la Industria Responsable y el Compromiso Climático, mientras impulsa inversiones a costa de la flexibilización de los estándares ambientales y promueve concesiones forestales en la Amazonía, que permiten la deforestación, e irrigaciones en la costa, que atentan contra la sostenibilidad ambiental.

En abril tuvimos otro ejemplo de esa contradicción: en un Consejo de Ministros descentralizado, realizado en Palpa (Ica), el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, ofreció S/.650 millones para ejecutar obras hídricas «que permitan continuar con la provisión de agua a la actividad agrícola, lo que contribuirá a seguir sosteniendo el potencial agroexportador de Ica». Específicamente, se refirió a los proyectos Choclococha Desarrollado, el canal Ingahuasi y la presa Tambo.

Estos anuncios contarían con nuestro aplauso si no fuera porque se trata de proyectos ubicados en medio de un frágil ecosistema de bofedales en Huancavelica. Diversos estudios han advertido que dicho ecosistema estaría en riesgo debido a efectos del cambio climático y el diseño inadecuado del Proyecto Especial Tambo-Ccaracocha, construido en la década de 1950 y que sería ampliado de concretarse los anuncios del Gobierno.

La advertencia de varios estudios

Entre esos estudios destaca uno de Ingemmet(3), el cual advierte que «las reservas de agua en las altas cumbres andinas disminuyen por el retroceso de los nevados y la disminución de los deshielos a causa del calentamiento global», y estima que el aprovechamiento del actual sistema Choclococha tiene una eficiencia mínima, pues solo el 30% de las aguas represadas llegaría hasta los cultivos de Ica. Esto dejaría un amplio margen para mejorar el aprovechamiento de las aguas del actual sistema, sin necesidad de ampliarlo.

Un estudio de la Administración Local de Agua de Ayacucho4 advierte que «el río Pampas solamente recibe aportes de las aguas de la laguna Choclococha cuando hay un exceso de agua», y recomienda que «se efectúe en el corto plazo la determinación del caudal ecológico con énfasis en cada una de las subcuencas […], situación que conllevará ajustar el balance hídrico de la cuenca». Otra recomendación es la de «realizar la estimación de la oferta hídrica de la cuenca en los próximos veinticinco años, considerando el efecto del cambio climático sobre la lluvia y temperatura con el fin de evaluar los escenarios en el futuro». Hasta donde sabemos, dichas recomendaciones no se han atendido aún.

Cabe mencionar que, según el Inventario de Glaciares y Lagunas difundido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el año pasado, el glaciar que más superficie ha perdido desde 1970 es Chonta, ubicado en las inmediaciones del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, en Huancavelica. Aunque el aporte glaciar a las lagunas donde se origina el trasvase y a los bofedales en la zona es incierto, sería aplicable el principio de precaución, el cual manda que no se autorice una actividad, ni se otorgue un permiso, cuando no se tenga una identificación de los riesgos que dicha actividad provocará posteriormente5.

Vulneración al derecho al agua y a la consulta previa

Por si fuera poco, estos proyectos no cuentan con la aprobación del Gobierno regional de Huancavelica ni, mucho menos, de las comunidades campesinas en cuyos territorios se desarrollarían, lo que vulnera el derecho a la consulta previa en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la Ley 29785. La Ley de Consulta es aplicable tratándose de medidas administrativas y proyectos que afecten directamente a las comunidades involucradas, como sucede en este caso. Cabe recordar que, en 2007, el Tribunal Latinoamericano del Agua determinó que la ejecución de estos proyectos vulneraba el derecho al agua de las comunidades huancavelicanas.

De ejecutarse los proyectos ahora priorizados, no se respetaría el artículo 15.5 de la Ley de Recursos Hídricos, que indica que los trasvases de agua de cuenca deben ser autorizados solo como último recurso, si no existieran otras alternativas.

Es muy probable que aumentar la oferta hídrica para sostener el potencial agroexportador de Ica no resuelva sus problemas de estrés hídrico a largo plazo. La principal causa de la situación crítica del acuífero es el aumento de cultivos de agroexportación —de alto consumo hídrico, como el espárrago—, que continuarán creciendo mientras sean actividades rentables. Así, en algunos años volvería a presentarse una situación de sobreexplotación del acuífero, incluso si se amplía el trasvase desde Huancavelica.

En LRA hemos cuestionado que, desde 1990, los gobiernos hayan invertido más de US$6 mil millones en megaproyectos de irrigación(6), subsidiando a los agroexportadores. Los S/.650 millones anunciados por el Gobierno para Choclococha Desarrollado, el canal Ingahuasi y la presa Tambo se sumarían a estos enormes subsidios, que servirían para «seguir sosteniendo el potencial agroexportador de Ica», como anunció el ministro Benites, quien no mencionó a los pequeños agricultores iqueños que producen para el mercado interno ni a la población urbana y rural de Ica, que ya enfrenta restricciones en su acceso al agua potable.

Un uso más equitativo y sostenible de estos recursos sería financiar el pago de servicios ambientales de regulación hídrica que las comunidades campesinas de la parte alta de la cuenca del río Pampas, en Huancavelica, proporcionan a los agricultores iqueños al conservar el ecosistema de bofedales, como lo reportamos en LRA 157(7); o financiar proyectos que mejoren la eficiencia de riego en Ica y reemplacen paulatinamente los cultivos de alto consumo hídrico por otros más adecuados a un territorio desértico como el iqueño.

La sobreexplotación del agua subterránea por los agroexportadores iqueños afecta no solo a las comunidades campesinas huancavelicanas: la población de Ica sufre restricciones en la provisión de agua potable y muchos centros poblados cuentan con el servicio sólo algunas horas al día. La solución más sensata pasa por gestionar la demanda del agua con criterios de sostenibilidad ambiental y equidad social, y no solo priorizar el aumento de la oferta de agua en beneficio de la agricultura de exportación.

Notas

1 Coordinadora del Observatorio de Cambio Climático del Cepes.

2 Rivera, Nelly; Salazar, Beatriz. «2014: ¿Año de la Industria Responsable y el Compromiso Climático?». La Revista Agraria 159, noviembre de 2013.

3 Peña, Fluquer; Sánchez, Mauro; Pari, Walter (2010). «Hidrogeología de la cuenca del río Ica (Regiones Ica y Huancavelica)». Ingemmet.

4 ALA Ayacucho (2010). «Evaluación de recursos hídricos superficiales de la cuenca del río Pampas».

5 Vargas, César. «Principios rectores del derecho ambiental». <http://bit.ly/1irE10r>.

6 Eguren, Lorenzo (2014). «Subsidios a la agroindustria costeña: cifras millonarias». La Revista Agraria 160, marzo de 2014.

7 Salazar, Beatriz; Rivera, Nelly (2013). «La invalorable labor comunal para conservar los bofedales». La Revista Agraria 157, noviembre de 2013.

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