manuel pulgar vidal

En las postrimerías del gobierno, el ministro Pulgar-Vidal realiza un balance de la gestión y destaca lo avanzado en materia de fiscalización ambiental, medidas correctivas y sistema de multas. Defiende al OEFA y al aporte por regulación a raja tabla, y considera que los próximos gobiernos deben mantenerlo.

El MINAM no dejará memoria anual sino publicaciones temáticas, explíquenos en qué consistirán estas.
El MINAM, en este momento en el que se va organizando una transferencia ordenada de la gestión a la próxima administración, evaluó la pertinencia, en primer lugar, de no hacer una memoria institucional de cierre de año. Creímos conveniente documentar la manera en que hemos ejercido la gestión en los últimos cinco años, en especial en aquellos temas más sensibles, más polémicos o que requieren mayor refuerzo.
¿Cuáles serían estos temas?
Básicamente en la estructura de los documentos se colocará cómo recibimos la gestión, qué decisiones se tomaron, por qué se tomaron y qué retos quedan para el futuro. Los temas que vamos a tratar son: fiscalización ambiental, la moratoria al ingreso de organismos biomodificados o transgénicos. Asimismo, ordenamiento territorial y los retos de la conservación.
¿Qué publicaciones vienen?
Una sobre minería ilegal, certificación ambiental, y una sobre institucionalidad ambiental. Van a ser 12 publicaciones que creo que van a ayudar mucho no solamente a la próxima administración sino también a identificar los mayores retos de la gestión ambiental.
¿Cuál es el balance de la fiscalización ambiental en esta gestión, que ha sido duramente cuestionada?
Se ha cuestionado fundamentalmente el tema de las multas y las medidas correctivas. El balance es altamente positivo. Cuando recibimos la fiscalización ambiental el año 2011, el OEFA ya había sido creado, ya se había dictado la Ley del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (Ley SINEFA), pero aquí hay un elemento central que a veces omitimos en la reflexión, y es que no se puede fiscalizar las normas que no existen, es decir, no se puede fiscalizar una obligación que no está contenida en una norma porque justamente la fiscalización tiene por objeto verificar que se están cumpliendo las normas.
Explíquese.
Cuando asumimos en diciembre del 2011, a nivel de reglamentos ambientales seguíamos contando con un reglamento ambiental minero del año 1993, con un reglamento ambiental de electricidad del mismo año, con un reglamento ambiental de hidrocarburos del año 2006 y un reglamento para la industria manufacturera del año 1997. En estos últimos cuatro años hemos actualizado la norma minera y la de hidrocarburos (ambas el 2014) y la de electricidad todavía está pendiente. Hemos dictado normas en el sector producción, agrario y vivienda. Estamos trabajando el reglamento ambiental de transportes y hemos dictado normas ambientales para antenas. Recibimos tres normas ambientales obsoletas y hoy tenemos por lo menos ocho actualizadas. Eso te da una mejor base para fiscalización.
¿Cuánto considera que se ha avanzado?
En el balance central hemos logrado con el aporte por regulación que el OEFA sea una entidad que cuenta con el presupuesto suficiente para cumplir sus funciones. Hay un cuestionamiento judicial y administrativo en especial del gremio minero para que se derogue o se deje sin efecto el aporte por regulación. Felizmente a nivel judicial vamos ganando las acciones, todavía hay una respuesta pendiente de la Corte Suprema por una de ellas y a su vez está pendiente una administrativa del tribunal de la Libre Competencia del Indecopi.
¿El aporte por regulación tiene garantía de seguir en los próximos gobiernos?
Nosotros tenemos mucho optimismo respecto a que el aporte por regulación se mantenga vigente porque es la única manera de financiar objetivamente una tarea de fiscalización que es además una obligación que debe ser sostenida y sustentada por los propios fiscalizadores de manera objetiva. Hoy día el OEFA recibe aporte por regulación y esto le da un presupuesto suficiente.
¿Qué me puede decir sobre el sistema de multas?
Teníamos un sistema de multas que desde la época del presidente Fujimori se elevó a 10 mil UIT. Cuando se dicta el Código del Medio Ambiente del año 1990 se podía sancionar con 600 UIT, en la época de Fujimori se eleva a 10 mil UIT y nosotros el año 2012-2013 elevamos el tope de multa a 30 mil UIT. Incrementamos el tope porque éramos conscientes de que algunas infracciones ambientales, en un análisis costo beneficio, si no reciben una multa severa entonces se pueden seguir repitiendo.
Se cuestiona que la fiscalización ambiental ha sido debilitada en este gobierno.
Nosotros no solamente no hemos sido debilitados sino que hoy día tenemos resultados más eficientes y más eficaces con la aplicación de medidas correctivas. Creo que hay desconocimiento de la manera en que el derecho administrativo sancionador se ejerce a nivel mundial por aquellos que establecen la crítica. Y esto parte de que muchos piensan que una medida correctiva es apenas un palmazo en la mano a una empresa infractora y lo que no saben es que en el Perú, de acuerdo con nuestras leyes, una medida correctiva lleva incluso al cierre de la operación.
¿Considera que eso es más eficaz que una multa?
Cuando uno establece un cierre como medida correctiva o una medida correctiva de otra naturaleza, lo que logra es de inmediato la corrección de la conducta indebida y al lograr esta corrección, la rehabilitación de aquello afectado. Eso tiene efectos bastante más eficaces y eficientes que la aplicación de una multa que se sometería a un procedimiento administrativo sancionador.
Pero las empresas lo judicializan todo.
Antes más del 80% de las multas se judicializaban. Nosotros incorporamos en una norma que se dictó el 2014 que si alguien quería judicializar una multa tenía que poner una medida cautelar, una contracautela en dinero. La hemos reducido al 10%, hemos invertido la judicialización de las sanciones administrativas tipo multas que ahora sí se pagan. Hoy día casi todas las multas impuestas son pagadas por el administrado porque ya no puede ir al Poder Judicial a reatrasarlas. Yo veo la fiscalización ambiental en el Perú como algo que ha mejorado significativamente. Siempre entiendo las críticas, uno tiene que estar abierto a ellas, pero creo que esta afirmación del debilitamiento no es correcta.
La República.