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Los peruanos, en general, están hartos de la minería ilegal y de los niveles de destrucción que esta actividad ocasiona al medio ambiente, además de generar altos costos para el Estado, afirmó ayer el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.

Señaló que en la lucha contra este flagelo los medios de comunicación son importantes aliados, porque gracias a ellos la población conoce, por ejemplo, que en Madre de Dios hay 50,000 hectáreas de bosques “terriblemente degradadas”, cuya remediación tendrá un elevado costo.

“La ciudadanía se ha puesto de pie y ha dicho ‘no más minería ilegal’. El Estado es consciente de que hay un grupo de operadores que sí tienen voluntad y desean trabajar en el marco de la ley, a ellos los llevamos a la formalización”, manifestó el funcionario en TV Perú.

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Sostuvo que aquellos que se manifiestan en la calles, incluso con acciones de violencia, son los mineros ilegales, que desconocen a la dirigencia que dialogó con el Gobierno y, por lo tanto, “quieren seguir trabajando en la confusión”.

El ministro reafirmó que ahora el Gobierno distingue claramente a los mineros informales de los ilegales y recordó que no se ha prorrogado el plazo para la formalización minera informal, que vencerá de manera indefectible el próximo 19 de abril.

“Las voces que creen que hemos establecido una prórroga están equivocadas. Si lo hubiéramos hecho no tendríamos gente manifestándose en las calles (…). El Estado no ha cedido, no ha retrocedido un solo paso y seguiremos en este trabajo, que es multisectorial”, refirió.

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Tras ratificar que el Gobierno no negociará con mineros ilegales, Pulgar-Vidal aseguró que esta ilícita actividad seguirá siendo enfrentada y sometida a procesos de interdicción.

“El que quiere hacer minería tendrá que seguir los requisitos formales para ello (…). Debemos seguir transmitiendo el mensaje de ‘no más minería ilegal’, porque los peruanos no la deseamos”, apuntó el titular del Ambiente.

El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, dijo que el Gobierno rechaza los actos de violencia perpetrados en la víspera en Lima por mineros ilegales y aseguró que el Estado no trata “con quien toma de rehenes a los ciudadanos”.

Sostuvo que aquellos mineros que desarrollan su actividad de forma ilegal se encuentran en una plataforma “completamente contraria” a la agenda del Gobierno.

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Andina