Múltiples planteamientos formularon autoridades y expertos en torno al rol de las empresas mineras en sus relaciones comunitarias, como los mecanismos para institucionalizar la cultura de diálogo en el sector. Fue durante el I Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Alicia Abanto, adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, calificó de “error” que la gestión social en las empresas mineras recaiga en el área de relaciones comunitarias, cuando debe ser responsabilidad de toda la organización. “Todo lo que hace una empresa tiene un impacto social, como el discurso del gerente o accionista a los medios de comunicación”, sustentó.

Sin embargo, recomendó a dicha área producir instrumentos de gestión para “transversalizar códigos de conducta” que ayuden a las demás instancias de la empresa en la gestión social.

La funcionaria aludió que la fortaleza de la Defensoría del Pueblo radica en la habilidad de sus funcionarios para persuadir a las partes en conflicto, dado que no sancionan y que en tal sentido las mineras deben emplear la persuasión.

“La empresa requiere ser un gran persuasor, convencer todos los días, porque vivimos en un escenario de alta desconfianza, de tradición poco dialogante y con prácticas autoritarias en todos los niveles de la sociedad”, argumentó.

Internalizar los valores

Por su parte, Susan Joyce, de On Common Ground, anotó que la transversalización de la gestión social es un concepto por internalizar en la empresa, y resaltó que “tiene resultados importantes en la transformación de las comunidades de su entorno”.

Calificó de acertado cambiar los criterios en la toma de decisiones sobre proveedores locales, para que tengan mayor oportunidad de contratos con las mineras. “Muchas veces la barrera que impide superar los conflictos, es que la información de campo, de gente que sabe qué pasa allí, no llega a quienes toman las decisiones”.

Cómo enfrentar conflictos

Elías Segovia, presidente regional de Apurímac, consideró que las normas y leyes, antes de emitirse deberían ser consultadas, como debió hacerse con la Ley de Consulta Previa, lo que no le resta importancia a esta norma, cuyo mayor problema es que no es vinculante.

“Además, parece no considerar que en la cosmovisión del hombre andino ‘su territorio es parte de su vida’, y hacerle entender que la superficie es suya pero que el subsuelo es del Estado, no funciona, porque ni siquiera entiende lo que es el Estado, y para ellos el terreno es suyo y se acabó”, reflexionó.

Ante los conflictos o crisis sociales derivados de la minería -como el de Conga- denunció que cada estructura del Estado en vez de enfrentarlos correctamente, “hace lo que quiere y negocia lo que quiere”.

“Vivimos bajo una distorsión generalizada, el alcalde representa a la masa, pero sus adversarios forman su frente de defensa, y el Estado a veces los valida, con lo que tira al piso la estructura de gobierno”, reprochó.

Agenda social transparente

Alejandro Hermoza Maraví, vicepresidente de Asuntos Sociales y Ambientales de Minas Buenaventura, señaló que la responsabilidad de los conflictos también “son responsabilidad de las instancias del Estado, la sociedad civil y comunidades”.

Sin embargo, calificó de favorable la evolución para abordar con transparencia la agenda social derivada de esos conflictos. “Lo que me preocupa son las instancias que se resisten a transparentar su agenda. Hay quienes han levantado banderas, como la ambiental, pero una vez cumplido el objetivo, se acabó la bandera”, lamentó.

Mecanismos pacíficos

Antonio Bernales, consultor líder de Futuro Sostenible, opinó que la gobernabilidad del país requiere de mecanismos pacíficos para resolver los problemas sociales.

Argumentó que todo proyecto de inversión pública o privada,, necesita diferente relación con la comunidad, debido a los niveles de desconfianza y la historia de desencuentros sociales que tiene el país.


Saber dialogar

Víctor Grande, gerente de Relaciones Comunitarias de Minera Antares, sostuvo que el diálogo “no es sólo saber escuchar lo que otra persona dice, sino entender lo que dice”, por lo que cuando se habla con las comunidades hay que considerar el tema intercultural.

“Se trata de un diálogo con personas que no tienen el mismo razonamiento que el nuestro. Una minera puede decir: “¿Por qué no se permite pasar por esta zona? ignorando lo que puede significar ese lugar para la comunidad. Eso a veces no entendemos”, observó.

Agregó que las comunidades -la mayoría olvidadas- ven en la minera “su tabla de salvación”. Entonces, “el riesgo que se corre es que la relación sea sólo transaccional”. Es decir, con beneficios a corto plazo sin contribuir al desarrollo real.