Las declaraciones en ProActivo del ex Ministro Carlos Herrera Descalzi, preocuparon a la opinión pública, el ex funcionario tuvo que responder repentinamente a una serie de interrogantes tanto al Congreso de la República, como a los medios de comunicación masiva y a institucionales gremiales y profesionales, sobre el abastecimiento del gas para el consumo interno. Aquí sus comentarios en una rápida conversación.
¿Cómo repercutió la entrevista que concedió a ProActivo sobre la historia de Camisea?
Concedí varias entrevistas desde el 2003. Sin embargo, ha sido realmente importante (la entrevista en ProActivo) porque es la primera vez en tantos años que se ha publicado el total, sin recortar partes ni omitir lo dicho.
Por lo que percibí, mucho de lo allí mencionado caló en la opinión pública y en miembros del Congreso. Me percaté de ello cuando vi por televisión la presentación del ministro de Energía y Minas (en el Congreso) y las preguntas que le fueron formuladas.
¿Qué opina de la renegociación planteada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM)?
Me parece tenue. La veo más como una santificación de lo ocurrido porque había distintas posiciones de qué se podía pedir.
La ley 27133 cambia la ley de hidrocarburos concretamente para el gas y en lugar de libre disponibilidad, da prioridad para el mercado interno; y en lugar del libre precio, da precios regulados.
Dicha ley se aplica a todos los proyectos con reservas probadas de gas y todos antes de explotar pasan por la etapa de reservas probadas.
No obstante, había opiniones que decían ‘que quede el lote 56 para la exportación pero todo el lote 88 para el mercado interno’.
Esa era una transacción aceptable para la mayoría, pero lo que se hace en la renegociación es acelerar la explotación del lote 56, lo cual permite a los que están en el proyecto de exportación monetizar más rápido las reservas del lote. Es decir, sale el gas y los líquidos, se monetizan los líquidos y el gas se dedica a la exportación.
Pero no por eso se releva el derecho sobre el lote 88; porque dicen que por los cinco primeros años no se exportaría el gas de ese lote y queda implícito que a partir del quinto año se exportaría el gas del lote 88. Además, las reservas adicionales asignadas son pocas.
¿Son insuficientes?
Por supuesto. Lo que hay en cola de espera es mucho mayor.
En un informe de Perupetro sus técnicos opinan que correspondería dar 289 millones de pies cúbicos adicionales, en lo que existe, sin renegociación. Si bajo esas condiciones pueden dar 289, dar 155 es poco. No alcanzará para cubrir todas las necesidades.
Por ejemplo, en el mismo informe aparece que Kuntur necesitará 400 millones de pies cúbicos por día y 155 está lejos de esta cifra.
Tampoco es cosa de embarcarse en el proyecto del gasoducto del sur asegurando solo una parte de la reserva, sin asegurar las reservas para cuando la demanda crezca. Porque el repago del ducto y el hacer que el costo del transporte sea razonable, depende de que el ducto opere lleno y tenga cantidad suficiente para que el costo del transporte no sea tan alto.
Por otro lado, cuando se ofrece como gran cosa que las reservas del lote 57 se dedicarán al mercado peruano, no se necesita hacer nada para lograrlo, por una razón sencilla: como las inversiones en el lote 57 fueron hechas por el propio concesionario -que no es el caso de Camisea donde la exploración la pagó Shell y no se recupera ese costo- en el lote 57 y cualquier otro distinto del 88 y del 56, los costos de exploración tienen que ser pagados por el gas.
Una empresa me informó que le habían ofrecido gas del lote 57 a US$ 3 el millón de BTU en boca de pozo, eso es razonable y a la vez resulta imposible que ese gas vaya al contrato de México; porque si necesita US$ 3 en boca de pozo ¿cómo se venderá a México a los precios internacionales actuales de US$ 2.60?
A los US$ 3 tendría que agregarles los costos de transporte hasta Lima, los de licuefacción, de transporte marítimo hasta México y de regasificación: ¡es imposible! Su única opción de venta es el mercado peruano y esa tampoco es una gran noticia. No sé si las reservas permitan hacer contratos de 20 años. Aparentemente no.
Un informe de Perupetro para Contraloría pide exigir al contratista el cumplimiento del compromiso de venta al mercado interno ¿Resuelve el problema?
No, no resolvería el abastecimiento de gas. Es un problema mucho más complejo porque la economía peruana conoce otra dinámica gracias a la inversión en minería y agroindustria; y las opciones que dará el TLC con los Estados Unidos.
La producción de Perú crecerá mucho. Ahora no lo percibe por el impacto de la crisis internacional que no es eterna. Luego Perú retomará el ritmo de hace un año.
En esas condiciones, la demanda de energía eléctrica crecerá 10 por ciento por año, y en el caso del gas a más de 10 por ciento porque irá sustituyendo a otras energías.
Suponiendo que no hay exportación habría una tregua de 10 años. No basta con la no exportación. Se debe hacer uso eficiente del gas poniendo un precio razonable que condiga con los otros costos de la energía; y sacarlo en la medida de lo posible del sector eléctrico que es el gran consumidor, sustituyéndolo por la hidroenergía.
¿PeruPetro puede intervenir en la renegociación?
Por ley a Perupetro le compete técnicamente la renegociación porque es el ente especializado para las concesiones y la ejecución de estos compromisos, aunque políticamente le corresponda al MEM. La negociación tendría que ser Perupetro versus el Consorcio.
REACCIONES:
Sobre la renegociación de los contratos de Camisea (lotes 88 y 56), el ministro de Energía, Pedro Sánchez explicó que era necesario, dado que no permitían garantizar el abastecimiento del mercado interno que reclama más gas natural y no puede obtenerlo porque se interpone el compromiso de su exportación. “Hemos logrado un resultado exitoso que permite atender la demanda interna de gas”, sentenció.
César Gutiérrez, ex presidente de Petroperú, aseguró que la demanda local sobrepasa los 150 mpcd que se orientarán al mercado local, pues llega a 204 mpcd. Explicó que 50 mpcd tendrán que tomarse del lote 57 a precios más caros que los ofrecidos por Camisea. “El precio del gas en Camisea es de US$ 2,7 el millón de BTU, mientras que el gas del lote 57 se venderá a mayor precio (precios internacionales). Será perjudicial para los que lo usen”, indicó.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez ratificó su confianza en el ministro Sánchez y aseguró que sería inconstitucional una rescisión del contrato.
Consideró que las inversiones para ampliar la infraestructura para procesamiento y transporte del gas, aseguran su disponibilidad para el mercado interno.
El ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Eduardo Farah opinó que es comprensible que si no hay los suficientes recursos para el mercado interno, se sacrifique la exportación como lo hizo Argentina con Chile.
El congresista José Carrasco Távara, integrante de la comisión que investiga los contratos de Camisea opinó necesario investigar los alcances legales de una decisión como esa (rescindir el contrato). No está seguro de que el MEM pueda afrontar una demanda si es que el consorcio decidiera enjuiciar al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.
El economista Humberto Campodónico aludió que el gas de Camisea tiene precios bajos fijados por el Estado, porque fueron abandonados por la Shell en 1998. Para las centrales eléctricas el precio fue fijado en US$ 1 dólar por millón de BTU y US$ 1,80/millón de BTU para los industriales, residenciales y Gas Natural Vehicular. Ello mientras el precio internacional del gas es de US$ 2,8 por millón de BTU (aunque el promedio de los últimos años es US$ 4).
“Esta ventaja ya no tendremos cuando se descubran nuevas reservas, pues la empresa explotadora se regirá por el precio internacional”, subrayó.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Ricardo Pando dijo que compete al Congreso y no a los procuradores anticorrupción evaluar la presunta responsabilidad de los ex ministros del gobierno anterior que cambiaron el contrato con el consorcio de Camisea para priorizar su exportación. Recordó que los ex funcionarios públicos gozan del derecho de antejuicio que proscribe en cinco años, una vez dejado el cargo.
El gerente ejecutivo de Hunt Oil, Carlos Del Solar enfatizó que “no se puede modificar los contratos. Se perdería la estabilidad jurídica. Además (con las propuestas del consorcio) ahora el abastecimiento interno está garantizado”.