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Ronderos deslindan con violencia en Cochorco y piden investigación

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(Foto: Noticiasser.pe)
(Foto: Noticiasser.pe)

Servindi, 12 de noviembre, 2015.- El presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), Ydelso Hernández Llamo, deslindó con las agresiones del caso Cochorco y aclaró que su organización “no comparte los actos de violencia, ya que las rondas somos una institución que busca la paz y tranquilidad”.

Así se manifestó respecto al reportaje televisivo emitido el domingo por el programa La Noticia Rebelde, del canal 2, que dio amplia cobertura a la desaparición de cuatro pobladores, quienes habrían sido agredidos por la ronda campesina del distrito de Cochorco, en la provincia Sánchez Carrión, región La Libertad.

Según el programa televisivo, los ronderos actuaron desmedidamente contra los detenidos Aladino Yupanqui Araujo, Santos Roncal Villanueva, Jaime Pizán Salinas y Jonathan Layza Cárdenas, a quienes se les acusaba de los delitos de asesinato y robo.

De ellos no se sabe nada desde el 14 de mayo de este año.

El reporte añadió la denuncia de Susana Vásquez, quien afirmó haber sufrido violencia sexual de parte de los ronderos que la sometieron a la cadena ronderil, acusándola de ser cómplice de los antes citados.

En los hechos delictivos estaría involucrado Faustino Guevara, presidente de la base regional de las Rondas Campesinas de La Libertad, junto a otros dirigentes ronderiles locales.

Asimismo, el reportaje criticó el accionar de las rondas campesinas comparándolas con lo que propone la campaña “Chapa tu choro”, la cual promueve el linchamiento de los delincuentes por parte de los ciudadanos.

Deslinde de la CUNARC

Ydelso Hernández fue enfático en destacar que “las rondas campesinas cumplen funciones jurisdiccionales bajo el cumplimiento y la protección de un marco legal y constitucional reconocido por la Constitución Política en su artículo 149, el Convenio N° 169 de la OIT, la Ley 27908, y otros instrumentos legales y jurisprudenciales”.

En tal sentido pidió no confundir las funciones ronderiles con acciones violentas de ajusticiamiento popular como la campaña “Chapa tu choro”, ya que el trabajo de las rondas campesinas sí cumple con respetar los derechos humanos.

En relación al caso específico de Cochorco, Hernández manifestó que se debe seguir una investigación que lleve a los verdaderos responsables. Sin embargo, no confirmó si los ronderos acusados pertenecen o no a la CUNARC.

“Sabemos que en La Libertad, así como en varios lugares, existen dos bloques o grupos que de una u otra manera caminan al lado de las rondas, y que dicen ser independientes, y que a veces están fuera de la estructura orgánica”, manifestó.

En relación al dirigente Faustino Guevara señaló que si bien es un compañero de la ronda, actualmente se mantiene alejado de la estructura de la CUNARC.

“(Faustino) no ha asistido ya a varias reuniones orgánicas e institucionales de la CUNARC. Y además tampoco nos ha informado su actuar”, aclaró.

No obstante, Hernández volvió a exigir que se realicen las investigaciones pertinentes y que se aclare el tema para evitar que se siga dañando la imagen que tienen las rondas campesinas como instituciones de justicia y orden en zonas rurales donde no llega el Estado.

“Las rondas campesinas somos garantía de paz, tranquilidad, justicia en las zonas rurales, lo que no pasa hoy en las grandes ciudades, donde se ha incrementado la delincuencia de todo tipo, incluso con actos de corrupción involucrando jueces, fiscales y hasta policías”, finalizó.

Derecho consuetudinario

De otro lado, la abogada Zulma Villa Vílchez del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) explicó que la labor de las rondas campesinas como autoridades en comunidades campesinas y nativas es parte del derecho consuetudinario y se limita a no vulnerar los derechos humanos.

En relación al caso Cochorco, Villa señaló que los hechos delictivos que se puedan producir en el fuero indígena, al igual que en el fuero ordinario, no son argumentos válidos para pedir la disolución o desaparición de estos sistemas de justicia, tal como lo sostienen algunos periodistas y portales web.

“Hemos visto que muchos policías o jueces han cometido delitos y de ninguna manera hemos escuchado que alguien diga disolvamos la Policía o el Poder Judicial. Pero de ninguna manera se avala conductas aisladas que tienen que ser necesariamente investigadas”, acotó.

Por ello indicó que este caso deberá ser investigado por la Justicia Constitucional tal como lo demanda la ley en casos de violación de Derechos Humanos.

La abogada remarcó que el Perú es un país pluricultural, donde se maneja un pluralismo jurídico reconocido por la Constitución Política de 1993.

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