Cambio. Los expedientes judiciales abiertos contra Gregorio Santos y otros dirigentes también serán derivados a esa región.
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Los 25 procesos judiciales relacionados al conflicto minero Conga – los que son resueltos en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque- serán remitidos a Cajamarca para que en esa jurisdicción sean investigados y resueltos, informó el abogado Wilfrefo Chero Villegas.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque decidió el viernes pasado que los casos sean derivados a esa región, en base al artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que indica que “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.
Estos casos están relacionados a delitos contra la tranquilidad pública, usurpasión, asociación ilícita para dilinquir, entre otros.
“Todos los delitos son similares, relacionados principalmente a las marchas y protestas contra el proyecto minero Conga, realizadas en Cajamarca, Celendín, Hualgayoc, Huasmin y en las lagunas Perol y Conga”, indicó Chero.
Afectaba procesos
La disposición de la sala evitará que posibles detenidos en Cajamarca y las personas que ya son investigadas, sean procesadas en Chiclayo. En su momento esa situación fue criticada por Chero, quien asegura que el traslado de investigados a Chiclayo afectaba el debido proceso y el principio de juez natural.
“La decisión ha sido definitiva y marca un precente, pues siempre existió la disputa de en dónde resolver los casos, en Cajamarca o en Lambayeque”, refirió el abogado.
Los procesos anteriores como los que afronta el presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos, el rondero Manuel Ramos, o el dirigente campesino Eddy Benavides, también serán remitidos a esa jurisdicción.
CLAVE
Wilfredo Chero también informó que el Estado no cumplió con brindar seguridad a los dirigentes campesinos ni emitió el informe sobre estas medidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo estableción en la resolución emitida el 5 de mayo.
La República Norte