Una nueva ola de violencia se viene registrando en diversas regiones del país con el propósito de debilitar el sistema democrático, paralizar el sector mineroenergético y ahuyentar la inversión privada que es necesaria para asegurar el progreso del Perú.
Si bien el diálogo es una herramienta importante dentro de todo régimen democrático, consideramos que este diálogo debe darse sin presiones que busquen que el Estado peruano claudique en sus funciones, competencias y deberes.
En el Perú tienen que prevalecer las leyes, el principio de autoridad y el respeto a los compromisos asumidos, así como la paz social; más no la coerción y el caos que predican pequeños grupos violentistas.
No debemos permitir que los conflictos sociales que son alentados por una perversa campaña de desinformación de aquellos que viven del negocio de la pobreza, impidan el progreso de los pueblos del Perú.
Condenamos el ataque sistemático del cual es objeto el sector mineroenergético que invierte y trabaja por el desarrollo del país y de todos los peruanos.
Es cierto la situación de conflictos sociales surgidos por la minería en el Perú, empieza a multiplicarse y difundirse por la falta de voluntad política del gobierno.
El malestar de la población fue creciendo al ver una realidad que no cambia, pues las promesas de desarrollo, calidad de vida, ingresos económicos, no ha tocado sus puertas, más al contrario se han profundizado las desigualdades. Las demandas del pueblo son claras, quieren que el Estado sea el primer defensor de la vida, del agua, del medio ambiente, pues lo único que ven de las mineras es apropiación de sus tierras, contaminación y enriquecimiento desproporcionado
La falta de educación es la madre de todos los problemas. Estoy seguro que mediante Obras por Impuestos, lograremos mejorar la capacidad de entendimiento y preparación de muchas personas. Es cierto, la solución no es inmediata, pero si efectiva. Y es cierto, la riqueza debajo de la tierra no trae progreso a nadie. Mejores profesores, mejores colegios.