Ana María Solórzano (Foto: Andina)
Las manifestaciones deben darse en el marco de la Constitución, en forma pacífica y sin vulnerar los derechos de los demás ciudadanos, afirmó hoy la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano Flores, al referirse al conflicto social respecto al proyecto minero Tía María.
En declaraciones a la prensa, la titular del Parlamento lamentó los niveles de violencia que se está alcanzando en la provincia de Islay, Arequipa, donde se estaría amenazando a los ciudadanos para sumarse a las protestas de los opositores al proyecto minero.
“Hay una anciana que ha sido agredida en su casa por no sumarse a la marcha. Estamos preocupados por aquellos niños que quieren ir a estudiar y no pueden, por aquella madre que quiere ir al mercado, por el padre de familia que quiere transportarse para llevar el pan de sus hijos. Eso no puede verse vulnerado”, apuntó.
Solórzano señaló que como demócrata tiene claro que las protestas son un derecho constitucional de todos los ciudadanos, pero siempre y cuando se den en forma pacífica.
Seguidamente, invocó a todos los sectores involucrados en el conflicto por este proyecto minero a dialogar y encontrar alternativas de solución.
“El diálogo es la mejor herramienta de la democracia para resolver cualquier controversia, pero la democracia se da respetando los derechos, no vulnerándolos, no agrediendo a las personas, y sin amenazas”, anotó.
Aclara su participación
La presidenta del Congreso aclaró también su participación en una jornada de protesta contra el proyecto minero Tía María, ocurrida en la Plaza de Armas de Arequipa, en marzo de 2011.
Señaló que esa manifestación se dio en el marco de la Constitución, es decir en forma pacífica, y con el permiso de las autoridades de la región de ese entonces. Agregó que además de ella asistieron las autoridades electas, candidatos al Congreso y la población de Arequipa.
“Mi participación obedeció a mi preocupación, junto al pueblo arequipeño y sus autoridades, por el informe de la UNOPS que daba cuenta de 138 observaciones y 300 recomendaciones (sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Tía María)”, precisó.
Recordó que incluso legisladores y autoridades participaron recientemente, en forma pacífica, en manifestaciones públicas a favor y en contra de proyectos de ley.
“Eso no es ilegítimo. Es un derecho que tenemos todos los peruanos, a ejercer la protesta, pero en forma pacífica”, insistió.
Andina