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La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) respalda la decisión del Ejecutivo de solicitar al Congreso de la República la ampliación de la prórroga de la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a las actividades de hidrocarburos y minería.
De acuerdo al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con carácter de urgencia la actividad de exploración implica demanda de tiempo y dinero por parte de los Contratistas, es decir, es una actividad de alto riesgo porque no se sabe si se encontrará el recurso que se piensa explotar.
El sustento del proyecto de ley del Ejecutivo señala que la fase de exploración se caracteriza por prolongados tiempos de ejecución, debido a la naturaleza de sus actividades: trabajo de geología de campo, sísmica, perforación de pozos exploratorios y elevados costos de inversión.
Estas inversiones están sujetas a un alto nivel de incertidumbre producto de los riesgos de descubrimiento (baja probabilidad de descubrir un yacimiento), geológico (alta variabilidad en tamaño del yacimiento y calidad del petróleo), del proyecto (cantidad de reservas, métodos, tecnología y requerimiento de inversión), de mercado (volatilidad de los precios, tipo de cambio) e intangible (política normativa, regulatoria y coyuntura económica)que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto, los mismos que no permiten tener certeza de la rentabilidad que puedan obtener los inversionistas, por lo que se hace necesario establecer ciertos mecanismos de incentivo para promocionar la inversión en exploración.
De acuerdo al ministerio de Energía y Minas entre el 2002 los montos de inversión en actividades de exploración de hidrocarburos fueron de US$ 3,100 millones, existiendo otros factores como el precio del petróleo y conflictos socio ambientales que han ocasionado que esta inversión no crezca al ritmo deseado.
La SPH exhorta al Pleno del Congreso de la República para que apruebe el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y de esta manera brindar una señal positiva a los inversionistas que miran al Perú como mercado posible para sus capitales.
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) respalda la decisión del Ejecutivo de solicitar al Congreso de la República la ampliación de la prórroga de la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a las actividades de hidrocarburos y minería.
De acuerdo al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con carácter de urgencia la actividad de exploración implica demanda de tiempo y dinero por parte de los Contratistas, es decir, es una actividad de alto riesgo porque no se sabe si se encontrará el recurso que se piensa explotar.
El sustento del proyecto de ley del Ejecutivo señala que la fase de exploración se caracteriza por prolongados tiempos de ejecución, debido a la naturaleza de sus actividades: trabajo de geología de campo, sísmica, perforación de pozos exploratorios y elevados costos de inversión.
Estas inversiones están sujetas a un alto nivel de incertidumbre producto de los riesgos de descubrimiento (baja probabilidad de descubrir un yacimiento), geológico (alta variabilidad en tamaño del yacimiento y calidad del petróleo), del proyecto (cantidad de reservas, métodos, tecnología y requerimiento de inversión), de mercado (volatilidad de los precios, tipo de cambio) e intangible (política normativa, regulatoria y coyuntura económica) que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto, los mismos que no permiten tener certeza de la rentabilidad que puedan obtener los inversionistas, por lo que se hace necesario establecer ciertos mecanismos de incentivo para promocionar la inversión en exploración.
De acuerdo al ministerio de Energía y Minas entre el 2002 y 2017 los montos de inversión en actividades de exploración de hidrocarburos fueron de US$ 3,100 millones, existiendo otros factores como el precio del petróleo y conflictos socio ambientales que han ocasionado que esta inversión no crezca al ritmo deseado.
La SPH exhorta al Pleno del Congreso de la República para que apruebe el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y de esta manera brindar una señal positiva a los inversionistas que miran al Perú como mercado posible para sus capitales.