Alfredo Thorne: “Chlimper es crítico, pero es muy constructivo”

Titular del MEF toma positivamente las críticas que le hizo el hoy miembro del directorio del BCR en CADE Ejecutivos 2016

 

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La mañana del viernes, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, expuso los planes económicos del Gobierno frente a los más de mil empresarios y ejecutivos reunidos en CADE, el evento anual realizado en Paracas. Terminada su presentación, compartió panel con el empresario José Chlimper.

Tras aclarar que su participación en CADE era a título personal, el director del BCR y secretario general de Fuerza Popular criticó los “vacíos” en la presentación de Thorne y se enfrascó en un intenso debate sobre la política fiscal y la estrategia de reactivación del Gobierno. También participó Roberto Abusada, presidente del Instituto Peruano de Economía.

Minutos después, el titular del MEF conversó con El Comercio y fue conciliador, tanto con Chlimper –aunque contestando varias de sus críticas– como con la bancada fujimorista. “Quiero destacar la trascendencia de la negociación presupuestal, la gente no la ha comprendido”, afirmó.

“La última vez que el Ejecutivo tuvo un Congreso en contra fue en el primer gobierno de Belaunde y fracasamos. Esta vez tuvimos éxito. Hemos negociado un presupuesto prudente y hemos mantenido el ancla fiscal”, detalló.

—¿Esperaba encontrar en el panel a un José Chlimper tan atento a encontrar vacíos y puntos para criticar en su presentación? 
Pienso que no hubo tantos vacíos. Pero eso [la crítica] me gusta. Un panel no está para sabotear al ministro. Pepe Chlimper es un empresario que conoce el país y Roberto Abusada es uno de los economistas más sofisticados que tenemos. Qué bueno que critiquen.

—Si lo toma de esa manera, imagino que se lleva algún comentario como crítica constructiva para incorporarlo en su agenda de trabajo.
[Piensa unos segundos] Más que algo específico, me llevo una sensación de impaciencia. Esta falta de sintonía entre las expectativas y la realidad. Tenemos que convencer con medidas concretas. Nuestro principal reto es validar las expectativas que se han generado.

—Esa impaciencia está concentrada en el destrabe. ¿Qué pueden hacer ustedes para encarrilar estas expectativas?
Pienso que es un error que nuestro principal ‘delivery’ sea el destrabe. Tenemos en cartera proyectos muy trabados. Si fuese de otra manera, habrían salido antes.

—Quizás el mensaje que dio el Gobierno al inicio sobre proyectos como la carretera Chincha-Pisco, diciendo que para su destrabe bastaba con expropiar “cuatro casitas”, infló las expectativas.
Seamos sinceros: la red vial 6 (que incluye el tramo Chincha-Pisco) es el proyecto más rentable para el sector privado. Ahí sí había un gran ánimo de destrabarlo relativamente rápido. Son ingresos que de otra manera se estarían perdiendo. Pero hay una serie de contratos mal hechos y de proyectos mal diseñados. Queremos ajustar estas cosas de una manera rápida. En algunos tenemos más éxito que en otros. A mí me gustaría que me juzguen por los proyectos nuevos que vamos a traer.

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—Hablando de juzgarlo, una de las críticas de Chlimper a su exposición en CADE es que había vacíos sobre los nuevos motores para impulsar el crecimiento.
Esos motores son el impulso a la infraestructura y la mejora de la productividad. Lo que pasa es que primero hay que definir la cancha. Lo que no podemos hacer es una política sectorial que altere la rentabilidad relativa de los sectores. Podemos hacer promoción, pero hay temas regulatorios y medioambientales que cuidar. Estamos dando impulso a la agricultura, la acuicultura, la pesca, la reforestación.

— ¿Los incentivos tributarios los ven con recelo?
Al MEF siempre nos llegan pedidos de incentivos tributarios. Nosotros resistimos a esa política. Lo que queremos es tener planes estratégicos sectoriales que atraigan inversión. Por ejemplo, en turismo. En la costa norte se quiere declarar un área protegida marítima. Pienso que lo deberíamos hacer. Deberíamos desarrollar un Cancún allí. Tenemos Kuélap y Choquequirao. Tenemos un gran corredor turístico que estamos desaprovechando. Necesitamos destrabar este tipo de cosas.

—Chlimper calificó el ajuste fiscal realizado por su gestión como “una sobrerreacción”.
Creo que es una crítica muy simplista. Si no hubiésemos hecho el ajuste este año, en el 2017 tendríamos que haber ajustado el déficit fiscal de 3,8% a 2,5% del PBI. Eso sí hubiese tirado la economía abajo. El costo sobre el crecimiento de nuestro ajuste es 0,1% del PBI. Es nada. La gente dice que en el cuarto trimestre vamos a ver una desaceleración, pero no viene por el gasto fiscal. Es cierto que la inversión pública va a caer, pero es porque el gobierno anterior no hizo las transferencias que tenía que hacer. Ahora las hemos soltado. Y gracias al ajuste, ganamos en capacidad crediticia. Nuestras tasas de interés son mucho más bajas, lo que significa que el sector privado también va a poder financiarse a tasas más bajas.

—Chlimper dijo que una diferencia de algunas décimas de puntos porcentuales en los costes financieros no despierta los espíritus animales de los empresarios. Estando en CADE, ¿cómo percibe esos espíritus?
El tema central del empresariado es la burocratización del Estado. Lo único que ha sabido hacer el Estado es gastar y poner trabas. Hay que concentrarnos en destrabar el gasto privado. No tenemos la capacidad de gastar del gobierno anterior. Ese ritmo de gasto había que pararlo. También tenemos un rol importante en el desarrollo de las expectativas empresariales. Si no somos claros sobre cuál es el déficit fiscal al que vamos a converger, el sector privado no puede definir sus gastos y su planeamiento presupuestal. El anclaje fiscal consiste en ser predecibles.

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—Usted destaca cómo se llevó la negociación presupuestal, alcanzando consensos con el fujimorismo. ¿No le deja cierta preocupación que alguien tan ligado a esta fuerza política como José Chlimper, así haya participado a título personal, se enfocara en criticarlo?
Distinto a lo que se percibe, con Pepe Chlimper tenemos una gran amistad. Pienso que él se ve obligado a representar sus propias ideas. Nosotros lo respetamos. Créeme que los 72 congresistas de Fuerza Popular más los 20 congresistas del Frente Amplio nos han dicho cosas peores durante la negociación del presupuesto, pero hemos logrado trabajar juntos. El propio Pepe Chlimper nos ha apoyado tanto en la negociación de investidura del primer ministro, con las facultades delegadas y ahora con el presupuesto. Él puede ser muy crítico, pero a la vez es muy constructivo.

—PAQUETE NORMATIVO—
—El miércoles se publicó el paquete de decretos sobre asociaciones público-privadas, Pro Inversión e Invierte.pe. ¿Cuáles son los cambios de fondo?

Que el MEF haga lo que sabe hacer y que el inversionista haga lo que sabe hacer. No había definición de roles claros. El MEF se metía a enmendar el proyecto y los sectores se metían a ver si había o no espacio presupuestal. Hoy el MEF da el espacio presupuestal si el sector se compromete con el cierre de brechas. El sector se encarga de acompañar el proyecto. Al cierre del proceso, el MEF evalúa si el cierre de brechas se dio o no.

—¿Y cuál es la visión que tienen para Pro Inversión?
En Pro Inversión pasaba lo mismo. Ha sido reestructurada. Pro Inversión no decidía los proyectos que había que cofinanciar. Trataba de venderlos al sector privado y no podía. Hoy decide cuáles son cofinanciables y cuáles no. Los que sí, entran a Pro Inversión; el resto, entra en el esquema de obra pública.

—El nuevo jefe de Pro Inversión, Álvaro Quijandría, nos dijo que la agencia maneja 107 proyectos, demasiados según estándares y comparaciones internacionales. Hay que filtrar. ¿Cuál va ser el manejo político cuando tengan que rechazar un proyecto de un gobierno local o regional?
En la norma está clarísimo. El MEF es el ente rector y Pro Inversión se dedica a la parte técnico-administrativa. Es el que va a elegir cuáles son cofinanciables y cuáles no. Está en la norma. Esa parte es inconfundible.

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—PRESUPUESTO 2017—
—Al presupuesto propuesto por el MEF se le hicieron cambios en el Congreso, tanto en la comisión como en el pleno. ¿Algunos de estos cambios le preocupan particularmente?

Solo un temita, que es marginal: nos piden que para el endeudamiento pidamos autorización previa a la contraloría. No estamos en contra. Lo que sucede es que para acceder a los mercados tienes que calcular el ‘timing’ casi de manera perfecta. Hemos logrado que a la contraloría se le dé solo 48 horas para hacer esa evaluación. Nos hubiera gustado que esa evaluación se hiciera ex post.

—Hay un 65% de aumento en el presupuesto de saneamiento. ¿Hay capacidad en el sector encargado para ejecutarlo?
Las capacidades también se pueden importar. Hay que ser cuidadosos. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento está organizando esas capacidades. También hemos comprometido al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Probablemente pidamos un crédito al BID de US$1.000 millones en cinco años. Lo que estaríamos comprando es la ayuda técnica para desarrollar los proyectos y que las contrataciones se realicen bajo el régimen de las instituciones internacionales. En el Banco Mundial tenemos dos líneas de crédito de US$1.225 millones cada una. Lo que nos interesa de estas dos instituciones es su apoyo en términos de compras y desarrollo de proyectos.

—El presupuesto de Educación es el más importante dentro del total, con 18%, y crece poco más de 4% este año. Sin embargo, tanto el fujimorismo como el Frente Amplio argumentan que el Minedu no sabe ejecutar ese presupuesto.
No solo se aplica esto al Minedu, sino a todo el sistema de contrataciones del Estado. Vamos a sacar una ley para mejorar el sistema de contrataciones y compras del Estado. De esa manera, desde el MEF vamos a ayudar. Simultáneamente, el Banco Mundial ha hecho una revisión de los gastos del Gobierno Peruano, que hace recomendaciones para el Midis, Vivienda y Salud. Nos dice que el gasto de salud no está dirigido al afiliado sino a dar viabilidad a los hospitales que ya tenemos. Vamos a tener que cambiar poco a poco. Hay que crear esa capacidad de gasto y, al mismo tiempo, la capacidad de fiscalización.

 

El Comercio