Los actores del conflicto deben asumir roles en favor del diálogo y el respeto mutuo.
Los recientes sucesos en relación con el proyecto minero Tía María tensionan aún más una situación considerada delicada desde que se iniciara el paro indefinido en la Provincia de Islay. El conflicto ha escalado en lugar de ceder y las partes se han radicalizado, a excepción del gobierno regional de Arequipa, que mantiene una apertura muy útil hacia los bandos
en pugna.
Un conflicto que debería tener varios actores se ha dividido en dos grandes bloques. Si alguien pretendía que al final de este período no se apreciaran los matices en pugna, lo ha logrado, aunque a costa de heridas que tardarán en cicatrizar.
Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, el gobierno no ha logrado presentar ante la opinión pública una posición distinta a la adoptada por la empresa minera y los sectores que respaldan el proyecto Tía María. Ha sido poco provechosa la estrategia desplegada las últimas semanas que pretendía explicar y persuadir. Contra ese propósito conspiró la negativa de los alcaldes de Islay y los agricultores del Río Tambo, y la táctica de choque que implementó la empresa a través de organismos generados y de los medios de comunicación que puso de su lado.
El episodio del sembrado de pruebas contra un humilde agricultor fue, además de indignante, revelador de la dispersión del gobierno. Mientras los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente intentaban explicar y abrir espacios para el diálogo, otra parte del Estado, la policía, se alineaba con la estrategia de la empresa, abusaba de los disidentes, se ponía al mismo nivel de los líderes radicales y sembraba pruebas falsas.
Es razonable que se explique este proceder del Estado como la expresión de una cultura que impide ejercer una posición neutral en un conflicto que enfrenta a una empresa con la sociedad. Sin embargo no solo es cultura; se explica también a partir de la presencia de vasos comunicantes de las empresas con funcionarios del Estado y el traslado automático de intereses patrimoniales como si el deseo de unos fuese necesariamente el de todos. Una vez más el Estado ha aparecido sin personalidad, cooptado por intereses privados y aislado de la sociedad, aun de una parte que quizás no sea mayoritaria pero que se expresa activamente.
En la nueva etapa de este caso complejo, los actores deberían asumir una cuota de racionalidad. Los alcaldes de Islay y los agricultores de Río Tambo deben abandonar la lógica del paro como única medida de presión y la negativa a dialogar bajo el lema de “Agro sí, mina no”. La empresa debería revisar su estrategia de relacionamiento comunitario y dejar de lado las tácticas de demonizar a los opositores y de llevar adelante campañas mediáticas que predican equivocadamente que los que se oponen al proyecto son un grupo aislado. Finalmente, el gobierno requiere asumir esta etapa con nuevos objetivos, que no solo intente convencer de las bondades del proyecto sino considerar la posibilidad de cambios en el Estudio de Impacto Ambiental. Arequipa sí necesita de la actividad minera, pero también de memoria, diálogo, respeto y de garantías para su desarrollo sostenible.
La República