TiaMaria-protestas

Por César Caro Jiménez

A la luz, de lo ocurrido en los últimos días en la provincia de Islay, intentar encontrar una explicación racional a tantos desatinos, de los actores del conflicto social, resulta  una tarea digna de Sísifo. Penetrar en el mundo de los sentimientos, los intereses y las emociones no es tarea sencilla, más aun cuando todo parece indicar que antes que un estado de derecho, estamos en un estado imaginario, en el cual como el “país del Nunca Jamás”  existen filibusteros y piratas ajenos a los intereses de las mayorías, que hoy más que nunca, en frase de Piérola, son “desconcertadas gentes”  que no se sienten representadas por el Estado Central, al que ven como un organismo represor ajeno a  los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.

Por ello, si se quiere encontrar un espacio social y económico que permita el desarrollo de Tía María, se hace prioritario que el Ejecutivo y sus diversas instancias se replieguen y se conviertan en   espectadores y/u observadores de un proceso de diálogo que debe tener cono actores principales a la Southern Perú, a la sociedad civil, a las municipalidades de la provincia y al Gobierno Regional de Arequipa. Caso contrario, se corre el peligro de agudizar la violencia.

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¿Qué se requiere tiempo y paciencia?…Es cierto, pero no hay otro camino. La empresa antes que presionar debe persuadir y convencer. Debe guiarse por el ejemplo de la Sociedad Minera Cerro Verde y Anglo American Quellaveco S.A. Y sobre todo sincerar datos y  propuestas, aparte de no recurrir a artimañas legales como en el caso del juicio por las acciones laborales, de las cuales muchas están en poder de vecinos de Tambo  o a la ocupación indebida de terrenos propiedad del Proyecto Pasto Grande en Quebrada Honda. Y además, como hay ejemplos en nuestro país y en el resto del mundo, hacer partícipes del bienestar futuro a las comunidades, vía acciones,  regalías o cualquier otra fórmula. Además, lograr que su plana de trabajadores no se sienta ajena o superior al entorno social donde desarrolla sus actividades.

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La sociedad civil, debe intentar pasar de la simple protesta a las propuestas. Entender que si bien es cierto que el actual modelo económico tiene muchas fisuras e inclinación hacia los grandes intereses económicos, Islay no es una isla. Que los cambios tarde o temprano se van a dar, pero que los mismos en un mundo globalizado y con grandes avances tecnológicos,  dependen cada día más de la capacidad de sus elites antes que de la intolerancia.

Las municipalidades, es decir sus alcaldes deberán, con firmeza pero también con criterio amplio, dejar de refugiarse en la intolerancia y en las emociones, y tratar de convertirse en verdaderos líderes, es decir un negociador de esperanzas que se pone al frente intentando ser guía y no como ocurre usualmente: detectan el estado de ánimo y al margen de su validez, optan por ponerse al frente, sin reparar que muchas veces el camino conduce bien al caos o a ninguna parte.

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Y en el caso del Gobierno Regional de Arequipa, al igual como ocurrió en Moquegua, tendrá que jugar un papel fundamental. En primer lugar, convencer al Estado Central que si bien es cierto que la riqueza que encierran Tía María y La Tapada, pertenecen a todos los peruanos, los posibles perjuicios los sufrirían los vecinos de Islay. ¡Que es un problema que corresponde solucionar a las comunidades e instituciones arequipeñas en diálogo directo con la empresa! Y que como máxima institución política de la Región brindará el espacio, en el cual al margen del tiempo que se requiera, se llegue a acuerdos que posibiliten –si ello es factible–, la explotación de Tía María.