Opinión: Marcial García
Socio de Impuestos de EY
Pese a la pronunciada caída de los precios, aún se percibe cierto optimismo respecto al desempeño del sector minero en el 2015. El MEM estima que este año la inversión minera alcanzaría una cifra similar a los US$ 8,500 millones registrados el año anterior, impulsada por proyectos que están en etapa de construcción o ampliación. Todo apunta a que dicho escenario podría ir acompañado de un aumento de la producción, esencialmente de cobre, que llegaría a crecer 10.7% respecto al 2014. Esto se explicaría por la recuperación de Antamina, el mayor rendimiento de Toromocho y la puesta en marcha de la mina Constancia.
Estos proyectos tienen el tamaño suficiente para darle un fuerte impulso al PBI minero, previéndose expansiones de 6.3% para este año y de 12.1% para el 2016, tras haberse contraído un 2.2% el año pasado, según reportó el BCR. De hecho, el consenso entre los analistas es que la minería será uno de los principales propulsores de la economía en el 2015.
Pero el optimismo también llega del exterior. Para BMIResearch, una consultora británica especializada en análisis económicos, el avance de la minería se acentuará en los próximos años como consecuencia de la mayor producción de cobre, plata, estaño, plomo y zinc. En su “Peru Mining Report – Q2 2015” asegura que nuestro país tiene inmensas fortalezas que le han permitido perfilarse como uno de los destinos más competitivos para la inversión minera en la región.
Destaca nuestra enorme riqueza geológica, la diversidad y calidad de los minerales que exportamos. La entidad agrega que nuestros costos de mano de obra, electricidad y agua son más bajos que los de Chile, lo que nos permite enfrentar de una mejor manera la caída de los precios. El tiempo dirá si tienen razón.
Por desgracia, algunas señales contradicen esas alentadoras perspectivas. Particularmente preocupantes son los persistentes conflictos sociales, la actividad antiminera, la consulta previa y la inseguridad, que desde hace ya buen tiempo amenazan el desarrollo de la actividad minera. El último informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que de los 141 conflictos socioambientales activos y latentes a nivel nacional, el 66.7% (94 casos) corresponde a conflictos relacionados a la minería. La mayor cantidad se ubica en los departamentos de Áncash, Apurímac y Puno.
Desde Tambogrande (Piura) hasta Tía María (Arequipa), pasando por Cerro Quilish, Conga (Cajamarca) y Santa Ana (Puno), en el Perú se paralizaron proyectos mineros envueltos en conflictos sociales por más de US$ 10,000 millones. El problema es especialmente grave, sobre todo, si tomamos en cuenta que luego del inicio de operaciones de Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde en el 2016, no hay otros proyectos de gran escala en el horizonte. El futuro del resto es incierto.
El principal reto del sector está en reducir la incidencia de conflictos para asegurar el ingreso de nuevos proyectos en años venideros, garantizando a la vez la preservación del medio ambiente y el respeto a las comunidades. Si el Estado verdaderamente desea que la minería siga siendo uno de los pilares centrales del desarrollo económico, debe ser capaz de hacer cumplir la ley y arbitrar en los conflictos de intereses entre las empresas mineras y los diversos grupos locales para evitar que deriven en acciones colectivas de violencia. El impacto negativo para el país se sentirá con más fuerza en el mediano plazo, si hoy no se toman las medidas necesarias para que se concreten nuevas inversiones.
Gestión