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Viceministro de Minas, Fernando Gala, demanda una mejor fiscalización minera

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La noticia que los empresarios estarían dispuestos a continuar con el aporte voluntario, quedó empañada con el accidente de minera Caudalosa. El viceministro de Minas Fernando Gala en entrevista con ProActivo marcó los roles de su despacho frente a los de la autoridad en fiscalización.

Fernando Gala Soldevilla
Fernando Gala Soldevilla

Hay empresas que estarían retiradas como Doe Run Perú y Atacocha.
En la medida que no tengan utilidades, no hay nada que repartir. Si Doe Run estuvo parada no hay utilidades y supongo tuvo pérdidas en el último ejercicio porque la operación de Cobriza no cubre sus pérdidas, entonces no hay una obligación con el Aporte Voluntario. Igual puede ocurrir con Atacocha.
Pero si las comparamos con proyectos por realizarse como Toromocho, Antapaccay, Las Bambas, Quellaveco o Conga, éstos darán cobertura amplia a la disminución de una o dos empresas.
El accidente de Caudalosa Chica ocasionó duras críticas al ministerio de Energía y Minas sobre el tema ambiental ¿qué rol cumple su despacho?
Hay que identificar las funciones de cada institución. El ministerio tiene en este tema tres aspectos: Aprobar los instrumentos de gestión ambiental, llámese Estudio de Impacto Ambiental (EIA), PAMA o Plan de Cierre de Minas.
Un segundo aspecto es autorizar el funcionamiento de las plantas de beneficio incluyendo sus componentes como la cancha de relaves. Por último, autoriza el inicio de operaciones.
Recordemos que desde enero del 2007, perdió la facultad de fiscalizar y controla la empresa antes que arranque a operar los permisos. Una vez iniciada la operación, el ente competente es Osinergmin y en las próximas semanas será la OEFA en términos de medio ambiente y Osinergmin en términos de seguridad.
Así, ahora la fiscalización corresponde a Osinergmin que investiga para determinar las causas del accidente y las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio que pueda haber otro tipo de denuncias penales y civiles que lo puede hacer cualquier otra persona o institución que se sienta afectada.

Osinergmin reveló que hubo problemas con la cancha de relaves. ¿Quién aprobó su construcción?
Veamos las cosas claras. No olvidemos que en el año 90 salió el Código del Ambiente y el Reglamento en el año 92, en el que se estableció que las empresas que venían operando debían presentar un PAMA y las empresas nuevas un EIA. Caudalosa opera desde el año 1942 y por lo tanto le correspondía presentar un PAMA.
Cuando Caudalosa presentó su PAMA, el ministerio autorizó 324 toneladas métricas por día de mineral. Tengo entendido que esta empresa -según Osinergmin- pasó más mineral del autorizado y esto habrá que verlo en el informe, si ha sido uno de los motivos del accidente.
Es más, a diciembre del 2009 el ministerio denegó una ampliación de capacidad de esta empresa que pedía que se aumente de 324 a 800 toneladas métricas por día, porque consideró que no estaba sustentado técnicamente esa ampliación y además no había el EIA respectivo. Corresponde a Osinergmin verificar si la planta trabajaba más allá de la capacidad autorizada.

Si Osinergmin no puede hacer buen control técnico en estos temas ¿cuál será la situación con la OEFA?
Lo hemos dicho en el Congreso y es que hay que mejorar la fiscalización en el sistema minero, independientemente de quién sea. Tenemos que trabajar conjuntamente con estos organismos en buscar un mecanismo permanente.
Actualmente la fiscalización es en promedio cada 6 meses en que se chequea cómo está la empresa, pero en este tiempo pueden pasar muchas cosas ¿Cómo hacer para que sea más seguida y permanente? Esto requiere que los organismo fiscalizadores sean fortalecidos. No se puede fiscalizar en forma permanente si no se tiene recursos humanos, de infraestructura y económicos.
El sector no tiene una partida de las empresas mineras para poder fiscalizar. No hay esa forma. Entonces hay dos soluciones: o se aumenta el presupuesto significativamente de los órganos fiscalizadores para mejorar la fiscalización, lo cual demanda abundante economía; o se busca un mecanismo para que las propias empresas mineras aporten un pequeño arancel para poder fiscalizarlas, como sucede en otros sectores.

Osinergmin cuenta con recursos
Lo que manifestó el señor Dammert (presidente de Osinergmin) en el Congreso es que esos fondos provienen de los subsectores hidrocarburos y energía; y que ellos usan los recursos de otros sectores para fiscalizar minería.

¿A dónde van las multas por accidentes en seguridad minera?
Es otro tema por revisar. Uno es el sistema de fiscalización que hay que mejorarlo, y otro es el sistema de las multas. Que hagan sentir al usuario que la multa costará más que hacer una obra no autorizada. Estoy seguro que en los próximos meses o semanas el organismo supervisor OEFA elevará los montos.

¿Y el destino de estos fondos?
Se indicará que las multas sean, o bien para remediación de daños o usarlas íntegramente en la misma fiscalización. Debería buscarse esos dos mecanismos

Cómo sigue el proyecto Tía María
Tuvimos una reunión preliminar. Asistieron la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente y Energía y Minas, a nivel de viceministros para conversar con el presidente regional de Arequipa y con la autoridades de Cocachacra para que definan a sus representantes para la Mesa Técnica.
En tanto no se forme dicha Mesa, no sabemos los argumento técnicos que la sociedad civil arguye, por el cual no sería viable el proyecto. Esperamos que se pueda instalar el 14, fecha en que quedaron tendrían designados a sus 5 representantes.
A este compromiso asistimos la viceministra de Gestión Ambiental, el jefe de conflictos de la PCM y conversamos con el presidente regional de Arequipa y el alcalde de Cocachacra para saber porqué no se conformaba esta Mesa Técnica.
Argumentaron que la resolución ministerial de PCM no recogía lo acordado en la visita del premier. Decidimos proponer a la PCM modificaciones que son de forma, pero la lectura era muy sensible para la población de Cocachacra.
Dijeron que aún no tenían la aceptación de la población y que los acuerdos los llevarían a Cocachacra, y que una vez informada la población expresarían su posición de seguir adelante.

¿Sabe de la intención de mineros artesanales por entrar a la zona?
Tenemos que ser coherentes. Si es cierto, esperamos que la sociedad civil de Cocachacra ayude a que no haya actividad. No puede decir ‘no quiero con la empresa, pero si con la minería informal’. No sería coherente con el tema de cuidado de contaminación y seguridad de aguas. Esperamos tener la colaboración de la civil de Cocachacra de que en tanto y en cuanto se esté en la Mesa Técnica, no haya ninguna actividad minera en la zona.

Usted planteó a los empresarios ampliar 5 años el Aporte Voluntario.
El último año para repartirse es el 2011 y lo vemos como una forma de tener recursos adicionales para más proyectos de salud y bienestar, por lo que nos parece importante que un instrumento creado y aceptado pueda seguir para tener recursos en los próximos 5 años.
Además, téngase en cuenta que originalmente en el 2006, se estimó 500 millones de soles al año. Se habló de 2.500 en 5 años, pero no se llegó a esa cifra y estamos en un promedio de algo más de 400 (millones de soles) al año, porque variaron los precios.
La mayor queja fue en la ejecución y en el monto comprometido en proyectos porque demoraron mucho en identificarlos, comprometerlos y en su desembolso.
Es un tema de aprendizaje, recuerdo que al inicio el porcentaje de ejecución efectivo era del 30%, ahora supera el 50% y el monto comprometido en 80%.
Estoy seguro que con la renovación del aporte, los porcentajes de ejecución y montos comprometidos serán más altos, inclusive que los actuales, lo cual asegura la continuidad de los programas sociales. Además, hay proyectos que entrarán a partir del 2012 – 2013.La noticia que los empresarios estarían dispuestos a continuar con el aporte voluntario, quedó empañada con el accidente de minera Caudalosa. El viceministro de Minas Fernando Gala en entrevista con ProActivo marcó los roles de su despacho frente a los de la autoridad en fiscalización.

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